La Cámara de Diputados recibió este jueves un proyecto de ley propuesto por el Ministerio de Defensa que busca permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional ante actos calificados como “terroristas”. La iniciativa, que generó una significativa controversia entre distintos sectores políticos, fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.
Operaciones antiterroristas
El proyecto de ley propone una reforma del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, permitiendo así la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones antiterroristas.
Según Adorni, esta modificación tiene como objetivo incorporar una nueva opción de empleo militar bajo la solicitud de un comité de crisis.
“El Ministerio de Defensa envió al Congreso un proyecto de ley que permitirá la participación de las Fuerzas Armadas en respuesta a actos terroristas, coordinando acciones de patrullaje y control de personas y vehículos en áreas específicas”, explicó el portavoz.
El vocero también destacó que estas intervenciones militares serían de carácter temporal y permitirían la detención en flagrancia. “Hace años, los pactos de silencio trajeron dolor y muerte a los argentinos. Hoy, enfrentamos estos desafíos con todo el peso de la ley”, agregó.
Pedido expreso
Actualmente, la Ley de Seguridad Interior permite el despliegue de unidades militares solo bajo una declaración de estado de sitio en situaciones de extrema gravedad y conmoción.
Sin embargo, la reforma impulsada por el ministro de Defensa, Luis Petri, y respaldada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca evitar la necesidad de declarar el estado de sitio. En cambio, la actuación militar estaría supeditada a un pedido expreso de un comité de crisis que clasificaría los hechos como terroristas.
El proyecto también establece que el patrullaje de las fuerzas militares debe estar coordinado con las fuerzas federales de seguridad y que la intervención de las Fuerzas Armadas debe ser solicitada previamente por el gobernador de la provincia afectada. Este mecanismo es similar al procedimiento actual para autorizar operativos de fuerzas de seguridad federales en una provincia.
Acalorado debate
Si se aprueba el despliegue de fuerzas armadas, las unidades militares deberán reportar inmediatamente al fiscal competente, igual que las fuerzas de seguridad federales como la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la PSA.
Mientras la propuesta avanza en el Congreso, se desató un acalorado debate en el ámbito político y social.
Los críticos argumentan que permitir la intervención militar en asuntos internos podría erosionar los principios democráticos y llevar a un abuso de poder. En contraposición, los defensores de la iniciativa sostienen que es una medida necesaria para enfrentar eficazmente las amenazas terroristas y proteger la seguridad nacional.
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