REDACCIÓN ELONCE
El Colegio de Asistentes Terapéuticos de Entre Ríos dispuso “dar de baja el convenio marco colectivo” con el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) desde el próximo mes de enero de 2025. “Cada uno trabajará a elección con la obra social, con la modalidad de reintegro o a través de recurso de amparo (que realiza la familia)”, indicaron desde la entidad que nuclea a 500 acompañantes terapéuticos en la provincia.
“Atravesamos una situación completa con Iosper porque se agotaron todas las instancias para lograr un diálogo con la obra social provincial para la modificación del convenio de trabajo; y el conflicto se replica en la mayoría de las obras sociales porque abonan nuestros honorarios pasados los dos meses y hasta un año”, comunicó a Elonce la acompañante terapéutica, Carolina Martínez.
Consultada a la terapéutica cuál es la respuesta que reciben tras el reclamo por los atrasos en los pagos de los honorarios, ésta mencionó que “Iosper y otras obras sociales sostienen que están desfinanciados, que el dinero no llega, pero –según sentenció- ese discurso se sostiene desde hace años”.
En ese sentido, bregó por el diálogo con el director de Iosper “para llegar a un acuerdo en beneficio con los acompañantes terapéuticos”.
Sobre la tarea de los acompañantes terapéuticos
“Vivimos de nuestra profesión y lo hacemos a diario, hay otros profesionales que trabajan los fines de semana, y la situación se hace insostenible”, fundamentó al agregar que los trabajadores, además, abonan los montos correspondiente a monotributo y demás impuestos provinciales “por ser profesionales liberales”.
“Somos un recurso clínico ambulatorio y trabajamos de manera interdisciplinaria tras ser convocados por las familias; también trabajamos en espacios escolares en los que requiere el acompañamiento terapéutico. Sostenemos espacios y contenemos a los acompañados, desde niños hasta adultos mayores; también acompañamos en situaciones de salud mental”, argumentó Martínez al cuestionar que el sector no es visto como profesionales de la salud mental. “Trabajamos con personas con discapacidad y hay que resaltar que no cualquiera puede cumplir con esa tarea, por una cuestión ética y de responsabilidad para acompañar”, fundamentó.
De hecho, mencionó que se mantienen a la espera de la sanción de la ley nacional para estar incluidos en el nomenclador de salud “lo que brindaría otro panorama a nuestra prestación y un reconocimiento como profesionales de la salud mental”.
Al dar cuenta de la precarización laboral, Jonatán Haller evidenció que “es muy complejo tener honorarios de indigencia y cobrar a los 60 días”. Y fundamentó que los atrasos en los pagos generan la pérdida del poder adquisitivo de sus honorarios. “El dinero se devalúa y hoy nos pagan el 50% de lo que deberíamos cobrar, que es un monto ético para acompañantes en Entre Ríos cuya resolución sale del Colegio, pero hoy solo una de las obras sociales paga el monto mínimo ético”, indicó.
