En concreto, proponen un índice con un tope máximo de aumento mensual para las cuotas de los planes prestacionales que ofrecen las prepagas, el cual no podrá superar el índice establecido por el 60% de la variación del RIPTE y el 40% de las variaciones del IPC (INDEC).
La medida fue impulsada por la diputada ex titular del PAMI, Luana Volnovich, quien justificó: “Frente a este escenario altamente desregulado, en donde las Empresas de Medicina Prepaga abusan de su posición dominante en el mercado de la salud y a un Poder Ejecutivo que establece marchas y contramarchas a través de resoluciones que se quedan a medio camino, es que urge la necesidad de avanzar en la sanción de una ley que establezca un criterio homogéneo y previsible para los usuarios de la Medicina Prepaga. Se debe establecer un índice objetivo que permita a los ciudadanos organizar su vida y sus gastos en un contexto de alta incertidumbre”.
“El Poder Ejecutivo no ha mostrado voluntad de establecer un marco regulatorio, de hecho, estos meses se han otorgado nuevos beneficios a las empresas de medicina prepaga”, agregó la legisladora. Y concluyó: “En este caso será tarea del Poder Legislativo establecer un marco que proteja a los 6 millones de afiliados a estas empresas”.
En diciembre pasado, con el decreto desregulador 70/2023 de Javier Milei, el Gobierno anunció y promocionó la liberación de los precios para el sector y el fin de la intermediación de las obras sindicales en el negocio. Pero cuando se vio el impacto de los aumentos de las prepagas sobre el IPC, el ministro Luis Caputo acusó a las empresas de haberle declarado la guerra a la clase media. La tensión generó la salida de Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, de la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS), la entidad que nuclea a todas las empresas del sector privado de la salud del país. La UAS hoy está presidida por Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Entidades Médicas Integradas (Acami) y director general del Cemic.
La cuestión la canalizó formalmente la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, a partir de una denuncia de diputados de la Coalición Cívica. Esa es la causa que según las autoridades sigue su curso. En paralelo, el juez Stinco, luego de un amparo de la SSS ordenó aumentos por IPC y la devolución del aumento.
A finales del mes de mayo, acordaron devolver en doce cuotas con interés lo que, según el Gobierno, cobraron de más desde diciembre en adelante. La actualización de esa devolución se hará con según la tasa de interés mensual de los plazos fijos del Banco Nación (hoy, la mitad de la inflación).
A partir de julio, mientras tanto, las cuotas se ajustarán libremente. En las primeras negociaciones esa fecha era en octubre. Además, se comprometieron a reincorporar a sus planes a quienes hayan sido dados de baja por falta de pago. (Infobae)
