Se produjeron disturbios y graves daños en la Legislatura de Santa Fe desde este jueves al mediodía a raíz del tratado de la reforma jubilatoria. Pese a que el proyecto finalmente terminó aprobándose, se tuvo que proceder a un cuarto intermedio en un momento debido al ataque que sufrió el edificio, los policías y los propios manifestantes.
Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Santa Fe, dio detalles del procedimiento: “Fundamentalmente en un día muy importante y en temas que han resultado muy sensible para la institucionalidad de la provincia de Santa Fe se ha montado un operativo policial en virtud de posibles movilizaciones gremiales y de la ciudadanía en general. En términos generales, la mayoría de las personas que se congregaron pacíficamente. Sin embargo, como se ha podido ver, ha habido un pequeño grupo de inadaptados que ha ejercido actos de violencia contra las personas, contra las instituciones y las instalaciones en el edificio de la Legislatura, contra legisladores y funcionarios policiales”.
A raíz de los problemas, el funcionario provincial sostuvo: “En este caso, se ha elevado el nivel de seguridad y se ha procedido por la fuerza pública a desalojar la Legislatura y las inmediaciones del palacio legislativo. Por tal motivo, la Legislatura pudo terminar de sesionar con normalidad. En este trance, han resultado heridos siete policías, seis de ellos con algunas contusiones de menor gravedad y uno con una esquirla de vidrio en un ojo. Por lo cual, la sección de atención a víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad se le brindó la contención inmediata. Se lo envió al hospital Cullen y de ahí se lo derivó a cargo del Ministerio, a una clínica privada para que pueda recibir la atención médica que necesitaba y que se merece porque es alguien que ha expuesto su cuerpo en defensa de las instituciones”.
“Los hemos recibido (a los policías) personalmente acá para solidarizarnos con los empleados –no solo los lesionados-, sino los que han resistido las agresiones desde el interior y exterior del palacio legislativo. Se está trabajando en conjunto con la Fiscalía en brindar todos los informes que se requieran para esclarecer posibles responsabilidades penales de las personas que agredieron y, a quien nos toca a nosotros más de cerca, a quienes han causado lesiones al personal policial. En caso de que se las identifique, vamos a constituirnos en querellantes en defensa de nuestra institución policial”, resaltó sobre las posibles medidas a tomar.
Por otro lado, subrayó que siempre se pensó en el bien común de la gente: “Es muy difícil saber lo que hubiera pasado de adoptarse otras medidas. La cuestión del vallado o no vallado fue dialogada y fue una decisión conjunta retirarlo sabiendo que, en todas estas decisiones, que pasaron por mi persona, ninguna fue delegada a otra persona u organismo. Siempre se corren riesgos en una u otra alternativa. Cuando se toman medidas de seguridad o precaución en medida de lo que en aquel momento se sabía que iba a ser: una manifestación gremial”.
Nuevamente, Cococcioni remarcó el grupo que inició los disturbios: “Muchas veces puede incurrirse en el error de hasta provocar una reacción violenta de quienes habían venido a manifestarse pacíficamente como es su derecho como ciudadano. Entre esas personas que estaban ejerciendo mayoritariamente dicho derecho, se han colado un número significativamente menor en cuanto al conjunto, por lo cual las reservas del personal policial que estaban en las inmediaciones se aproximaron rápidamente, intervinieron, ejercieron concretamente acciones de fuerza pública dentro del protocolo que indica el reglamento. Se han empleado dispositivos de fuerza no letal, como disparos con cartuchos anti tumultos, agresivos químicos y procedimientos con escudos y elementos contundentes. Se ha logrado, a este costo con siete empleados con lesiones, el objetivo de restituir la normalidad de la Legislatura, desalojar el palacio legislativo por completo y controlar las inmediaciones”.
“En este contexto de manifestaciones masivas, no corresponde proceder a la detención de una persona porque en ese momento se expone a una situación de mayor riesgo colectivo para el personal policial y, por añadidura, al daño colateral que los manifestantes pacíficos podrían haber sufrido por un procedimiento”, concluyó sobre los detalles del operativo.
