El Gobierno ha dejado de pagar programas de apoyo a al menos 370 pequeñas y medianas empresas que habían concursado y obtenido fondos para desarrollar proyectos específicos. Estas iniciativas fueron impulsadas durante la administración anterior y contaron con el respaldo de cinco firmas, un comité de evaluadores y funcionarios técnicos que aún forman parte del equipo económico. Se estima que solo en la subsecretaría de PyME se adeudan más de $20.000 millones a precios de 2023.
A pesar de que el Gobierno sostiene que no incumple contratos, Ámbito ha corroborado que desde finales del año pasado, el Estado ha acumulado deudas con más de 300 empresas que solicitaron Aportes No Reembolsables en el marco del Programa Potencia Pymex, diseñado para fomentar proyectos de exportación.
Una fuente cercana al movimiento de los expedientes del ex Ministerio de Desarrollo Productivo reveló: “No se ha firmado nada más, no se han realizado pagos y parece que no hay intención de hacerlo. En el Fondep, todo está parado desde hace tiempo”.
Incertidumbre en las empresas
La incertidumbre reina entre las empresas afectadas. En muchos casos, han recibido alrededor del 40% de los fondos comprometidos durante la gestión anterior, pero ahora carecen de certezas sobre el resto de los pagos que debían realizarse en este período. Algunas continúan pagando seguros de caución, lo que representa una pérdida en un contexto ya adverso para la industria.
“El aporte del Estado es un incentivo para avanzar en la inversión, en nuestro caso no representaba más del 20% del total”, explicó un industrial afectado por la falta de pagos. “Presentamos las garantías, avanzamos con el proyecto, compramos las máquinas, incluso nos inspeccionaron y nos dijeron que todo estaba en orden, pero ahora no quieren pagar”, añadió.
El empresario, que prefirió permanecer en el anonimato, aseguró que desde la Secretaría liderada por Marcos Ayerra no le atienden el teléfono ni a él ni a la cámara que representa. También mencionó que ha enviado una decena de correos electrónicos que han quedado sin respuesta.
¿Y la continuidad del Estado?
Aunque los programas fueron otorgados bajo la gestión anterior, no pueden considerarse meramente “políticos”. Pasaron por un comité de evaluadores, contaron con múltiples firmas de distintos despachos y fueron respaldados por funcionarios técnicos que aún trabajan en el equipo económico. El pago de estos aportes es un compromiso del Estado.
“Es normal que haya retrasos en los desembolsos cuando cambia la gestión, ya que las nuevas administraciones quieren revisar lo hecho por las anteriores. Hubo retrasos cuando asumió Mauricio Macri y también con Alberto Fernández, pero lo que está ocurriendo ahora es inédito”, comentó un consultor con experiencia en el área.
Según los expedientes firmados en 2023, más de 300 empresas están perjudicadas, abarcando una amplia variedad de sectores: metalúrgicas, autopartistas, biotecnología, empresas vitivinícolas, textiles, agro, plásticos y cosméticos, entre otros. La cifra total de deuda podría superar los $20.000 millones, a valores del año pasado. Además, una fuente del Ministerio de Economía reconoció que también existen deudas con instituciones como cámaras empresariales y universidades.
Los programas de apoyo a empresas no son una novedad. La Secretaría de PyME ha llevado a cabo concursos similares, y hasta el momento, no se ha reportado ninguna irregularidad en las auditorías internas y externas realizadas. (Con información de Ámbito)
