El Gobierno nacional prorrogó hasta fin de año las restricciones para contratar nuevos empleados en el Estado. Lo hizo mediante el Decreto 865/2024, con la firma del jefe de gabinete Guillermo Francos y Federico Sturzenegger, Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
El Gobierno nacional decidió extender hasta el 31 de diciembre de 2024 las restricciones para la contratación de nuevos empleados en la administración pública, según se establece en el Decreto 865/2024, firmado por el jefe de gabinete Guillermo Francos y el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Esta medida se da en continuidad con el Decreto 426/2022, que prohibía nuevas contrataciones hasta el 30 de septiembre.
La prórroga de estas restricciones responde a la situación de emergencia pública que fue declarada mediante el Decreto Nº 70/23, que abarca áreas críticas como la economía, finanzas, fiscalidad, administración, previsión, tarifas, sanidad y bienestar social. De este modo, el Gobierno busca contener el gasto público en un contexto de dificultades económicas persistentes.
Impacto en la Administración Nacional
La prohibición abarca diversas modalidades de designación y contratación, aunque se establecen excepciones para ciertas áreas. Entre ellas se incluyen el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el cuerpo diplomático, los guardaparques y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Además, se exceptúa a profesionales de hospitales, personal penitenciario y miembros de fuerzas armadas y de seguridad.
El decreto detalla las contrataciones que quedan congeladas, incluyendo “las designaciones a término en planta transitoria” según el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional. También se prohíben “las contrataciones previstas en el artículo 9° de la ley 25.164” (que se refieren a contrataciones por tiempo determinado para servicios transitorios o estacionales). Asimismo, quedan restringidas “las contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y trabajo eventual”.
Otras modalidades de empleo afectadas incluyen “las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos” y “las designaciones transitorias en cargos simples de planta permanente”. El decreto también abarca “las contrataciones de personal con o sin relación de dependencia” y aquellas realizadas bajo estatutos especiales o fuentes de financiamiento no presupuestarias.
Caída de los salarios de estatales
Este anuncio se produce en un contexto en el que los salarios estatales tuvieron una reducción significativa en su poder adquisitivo. Según el último informe de salarios del INDEC, los empleados públicos han aumentado sus salarios en un 6,7%, un incremento que, si bien es superior al Índice de Precios, no logra compensar el rezago acumulado en relación con otros sectores. Los salarios de los trabajadores privados formales y no registrados han subido por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), alcanzando incrementos del 105,8% y 95,4% respectivamente.
El director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, subrayó que, a pesar de los buenos datos de julio, “la caída de los salarios es alta”. En su análisis, el sector público ha perdido “casi un cuarto de su poder adquisitivo”. Esto plantea un interrogante crítico sobre la capacidad del equipo económico para abordar la inercia inflacionaria: “¿cómo va a resolver la inercia el equipo económico?”, se preguntó Caprarulo.
Según sus estimaciones, los empleados públicos han perdido más de un 23% de su poder de compra, lo que plantea serios desafíos para la gestión del personal en el sector estatal.
Con estas nuevas medidas, el Gobierno continúa priorizando la contención del gasto, pero se enfrenta a una creciente insatisfacción por parte de los trabajadores del Estado, que ven cómo su poder adquisitivo se diluye en medio de una inflación galopante. (Con información de Ámbito Financiero)
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