La Justicia Federal de Victoria procesó a dos empresarios agropecuarios de Rosario (Santa Fe) por el delito de desobediencia judicial, puesto que incumplieron en reiteradas oportunidades una medida cautelar que dispuso la prohibición absoluta de desarrollar acciones que alteren al ambiente en una isla ubicada a la altura del kilómetro 9 de la Ruta Nacional Nº 174, en el departamento Victoria.
La resolución alcanzó a Enzo Federico Vignale, de 75 años; y su hijo Federico Andrés, de 45. Según consta en la resolución -con fecha del 19 de septiembre- el primero es propietario de un inmueble en donde funciona el parador Wakeland, mientras que el segundo figura como encargado del mismo.
Antecedentes
Se recordará que, en julio, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos dispuso la clausura total del parador que los Vignale explotan, debido a una serie de irregularidades por la organización de fiestas electrónicas sin autorización.
El pedido de procesamiento lo formuló la fiscal Rosana Luggren, quien enumeró nueve incumplimientos: seis fiestas y tres movimientos de suelo.
El juez Federal de Victoria, Federico Ángel Martín, dictó los procesamientos para los Vignale y la falta de mérito para Mónica Cisneros, de 71 años, titular del permiso de uso provisorio para el expendio de comida y bebidas en el parador cuestionado.
El magistrado también dispuso el embargo de bienes de padre e hijo por la suma de $1.500.000 (cada uno).
La resolución fue notificada a las fuerzas de seguridad nacionales; a la Dirección de Prevención de Delitos Rurales y Jefatura Departamental Victoria; a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y a la Municipalidad de Victoria.
Si la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirma el procesamiento, la fiscal Luggren podrá solicitar que el expediente sea elevado a juicio oral. La audiencia para esta instancia fue fijada para el 14 de noviembre.
El abogado defensor de los empresarios es Mauro Rodríguez.
La resolución
En el auto de procesamientos a los Vignale, el magistrado reseñó que, el 1º de julio de 2020, el Juzgado Federal de Paraná dispuso la prohibición “de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción de diques o terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema”.
Subrayó que “toda orden judicial y en el particular, la medida cautelar fue dispuesta en aras de velar por intereses de índole general, y además de preservar la conservación del orden, y proteger el derecho colectivo, incluyéndose a su vez la función judicial como parte integrativa de las funciones administrativas del Estado”.
“En consecuencia, el incumplimiento verificado por parte de los mencionados constituye una clara afectación a ello y particularmente al bien jurídico protegido por la figura legal de desobediencia, esto es el normal desenvolvimiento de la administración de justicia”, concluyó.
Se precisó que en el parador se realizaron seis eventos, a saber: el 1º de enero, el 22 de enero, el 11 de febrero, el 11 de marzo, el 15 de julio. Estos cinco ocurrieron en 2023. El último fue el 4 de febrero del 2024, cuando se constató la realización de una fiesta con cientos de personas.
En tanto, se confirmaron tres movimientos de suelo en 2023: el 26 de febrero se observaron “movimientos de suelo realizados en el lateral derecho del parador” y se advirtió “la existencia de pajonales tirados en el lateral izquierdo” del mismo; el 14 de marzo hubo movimientos de suelo y desmonte por una superficie aproximada de 50 metros por 10 metros; y el 12 de mayo, cuando las autoridades encontraron tierra removida, “realizándose dos lagos artificiales y un tercero en proceso, rodeado de terraplenes e impidiendo el flujo de agua en una próxima crecida del río”. (Fuente: Análisis)
