En el Boletín Oficial Nº 28.002 se publicó un decreto que confirmó la desvinculación de un trabajador, empleado del Hospital Materno Infantil "San Roque" de Paraná, tras haberse comprobado que presentó certificados médicos falsos para justificar inasistencias laborales en agosto de 2021.
El caso salió a la luz cuando la médica encargada de atender al empleado detectó irregularidades en el certificado presentado. Según el informe oficial, el documento contenía errores ortográficos en el diagnóstico y los síntomas que justificaban la licencia ya se habían resuelto. Ante las sospechas, la profesional se comunicó con la médica que supuestamente había firmado el certificado, quien negó haberlo emitido.
Como consecuencia de la denuncia, fue procesado penalmente y en 2022 recibió una condena judicial. La jueza de Garantías N° 6 de Paraná, Elisa Zilli, lo declaró culpable de los delitos de uso de documento falso en concurso ideal con fraude a la administración pública. La sentencia impuso una pena de dos años de prisión condicional y estableció reglas de conducta para el período de la condena.
En su defensa, el acusado explicó que en 2021 atravesaba una grave crisis personal, marcada por una separación traumática, problemas de alcoholismo y depresión. Durante su declaración indagatoria, aseguró: "Cometí un error en un momento de mucha vulnerabilidad, tenía hijos menores a cargo y no estaba bien emocionalmente". Varios testigos de la defensa, incluidos colegas del hospital, confirmaron que el empleado era un buen profesional, aunque estaba pasando por una mala etapa. Uno de ellos indicó que estaba siendo tratado por depresión, bajo seguimiento psicológico y psiquiátrico en ese entonces.
A pesar de estas explicaciones, las autoridades administrativas no consideraron que los problemas personales del acusado pudieran justificar su conducta. En el decreto de exoneración, se enfatizó que "el proceder desleal del agente, al presentar un certificado médico sabiendo que era falso, no puede ser justificado ni minimizado por problemas personales". Además, se subrayó que su actitud violó las normas que regulan el empleo público. "Al ingresar a la administración pública, el trabajador asume un elevado estándar de respeto al orden jurídico, que no puede evadir", señala el texto oficial.
El Ministerio de Salud de Entre Ríos determinó que el trabajador incurrió en la causal de exoneración prevista en el artículo 72 de la Ley de Empleo Público, ya que su acción causó un perjuicio patrimonial al Estado provincial. Además, el caso será remitido al Tribunal de Cuentas para evaluar las pérdidas económicas generadas por el fraude.
Este caso refleja la severidad con la que se examinan las conductas de los empleados públicos, particularmente en el ámbito de la salud. Desde el Ministerio se destacó la importancia de "respetar las normas legales y reglamentarias" para preservar la confianza en la administración pública.
Por el momento, la persona despedida no ha anunciado si apelará la decisión, aunque su caso ya ha generado un intenso debate sobre la necesidad de abordar de manera integral los problemas personales de los trabajadores, para evitar que estos deriven en conductas que puedan resultar sancionables. (Con información de APF Digital)
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