A pesar del acuerdo alcanzado entre siete de los más populosos bloques parlamentarios en la Cámara de Diputados para avanzar con el proyecto que regula los debates presidenciales y los hace obligatorios para los candidatos que superen las elecciones primarias, todo indica que la iniciativa no verá la luz para esta ronda electoral. Así lo estimó ayer Diana Conti, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, adonde el Frente para la Victoria, la UCR, el PRO, el Frente Renovador, la Coalición Cívica, ECO y GEN alcanzaron un consenso que deberá esperar para ver la luz.
"La voluntad política está, pero estando casi terminando julio no me parece que el trámite parlamentario pueda completarse en estos dos meses en las dos Cámaras" para llegar a tiempo antes de la elección presidencial, definió Conti en diálogo con el programa Toma y Daca, en radio América. La diputada explicó que "el ámbito parlamentario modifica el número de sesiones en un año electoral porque muchos legisladores están en las provincias haciendo su campaña", por lo que se mostró descreída de que el tema se convierta en ley a tiempo.
El proyecto, que ya tiene dictamen en Asuntos Constitucionales y en Comunicación, todavía debe ser tratado en Legislación General y en Presupuesto. Pero ese no es el único factor de demora. Además hay varios legisladores pidiendo cambios centrales al texto que fue consensuado por siete de los principales bloques de la Cámara. "Hemos recibido críticas respecto de ese dictamen", reconoció Conti, quien reveló que los asesores de las comisiones están analizando dos pedidos: restringir el número de candidatos que podrán participar del debate y federalizar la realización del evento.
"Actualmente el dictamen habilita el debate para todos los candidatos que superen el 1,5 por ciento de los votos válidos y hay una intención de algunos legisladores de que se ponga otro piso de modo que el debate fuera entre los dos candidatos más votados. Eso se está estudiando en asesores", detalló la diputada. De todas formas, admitió que ello podría generar quejas válidas del resto de los candidatos que superen ese piso establecido en la Ley Electoral para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Además, otro pedido tiene que ver con los legisladores del interior que quieren que se realicen dos debates obligatorios por ley y al menos uno de ellos no sea en la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, el proyecto sólo establece la obligatoriedad de uno de esos eventos.
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