En la causa en la que se investiga una supuesta mala praxis, luego de que 11 afiliados al PAMI señalaron que las cirugías de cataratas practicadas en el Instituto Oftalmológico Castroviejo derivaron en la pérdida de la visión, se aguardan aún los resultados de las pericias.
La investigación debe aún avanzar con los datos obtenidos tras los allanamientos en el centro clínico prestador de PAMI ubicado en Urquiza al 600 de Paraná, donde se llevaron a cabo los actos médicos.
"Estamos a la espera de los resultados de las pericias para que nos den un diagnóstico para encarar la investigación penal preparatoria", contó uno de los fiscales a cargo del caso, Gervasio Labriola.
El funcionario señaló que se están manteniendo entrevistas con los damnificados y familiares y que "eso lleva su tiempo". Aclaró que "no hay imputados aun en la causa" y que luego de conocer las pericias "pueden ocurrir varias cuestiones: una de ellas es que aparezcan elementos para llamar a indagatoria a supuestos responsables".
<a href='http://www.elonce.com/secciones/policiales/422447-la-titular-de-castroviejo-se-presentn-espontnaneamente-en-la-justicia.htm' target='_blank'>La titular del instituto Castroviejo, Alejandra Desio, ayer presentó su abogado defensor: Miguel Ángel Cullen.</a>
<b>Los casos</b>
El 7 de mayo, un grupo de afiliados a PAMI concurrió al centro oftalmológico Castroviejo para ser operados de cataratas. Pero esa mañana algo salió mal: al menos 11 pacientes, todos afiliados a la mutual de los jubilados y pensionados nacionales, tuvieron una grave complicación luego de esa operación y les debieron extraer de urgencia las lentes que les habían implantado.
El caso determinó la intervención de la Justicia. Los fiscales Labriola e Ignacio Aramberry, iniciaron el 22 de mayo la investigación a partir de una petición del titular Fiscal de Investigación PAMI (UFI?PAMI), Pablo Piqué, quien viajó especialmente a Paraná.
Primero, procuró llevar el caso a la Justicia Federal, pero como no se trataba de un delito que afectara al patrimonio de la administración nacional, sino a los afiliados al PAMI el caso derivó hacia la Justicia provincial. Piqué se entrevistó con la procuradora general adjunta, Cecilia Goyeneche, y se acordó poner al frente de la investigación a los fiscales Labriola y Aramberry, quienes dispusieron un inmediato allanamiento en el Instituto Castroviejo.
El otro dato que aportó Labriola es que la acción penal no tiene otro promotor que la fiscalía. Los damnificados no han iniciado denuncias.
El fiscal contó a <i>El Diario</i> que el PAMI está haciendo una auditoría por los insumos ocupados en las intervenciones.
Por fuera de esa explicación, Desio hizo saber que en su clínica "han actuado conforme a las reglas imperantes en la materia, no existiendo conducta negligente alguna de su parte, como mendazmente ha pretendido sostener la autoridad local del PAMI". Y achacó a la obra social la responsabilidad de una "campaña de difamación, con espurios fines e intencionalidad política".
No obstante, PAMI suspendió al Castroviejo como prestador oftalmológico, y al ser el único prestador en esta franja de Entre Ríos, los afiliados a la obra social debieron optar por trasladarse a Santa Fe.
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