La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) advirtió que beneficiarios de distintas asignaciones podrían perder las mismas debido a irregularidades en sus trámites.
Este anuncio surgió tras un trabajo investigativo realizado por el Ministerio de Capital Humano de Nación, que reveló alrededor de 200 casos en los que se detectaron irregularidades en la percepción de asignaciones o planes sociales.
Como resultado, ANSES decidió llevar estos casos a la Justicia Federal para dar de baja los beneficios que estas personas venían recibiendo.
Irregularidades
El organismo gubernamental precisó que entre los beneficiarios irregulares se encuentran 283 personas que estaban recibiendo la Asignación Universal por Embarazo (AUE). ANSES sospecha que estos beneficiarios podrían haber presentado documentos falsos y certificados fraudulentos para acceder a las ayudas económicas.
Resaltó que este tipo de fraude pone en riesgo no solo la sostenibilidad de los programas sociales, sino también la ayuda destinada a quienes realmente la necesitan.
Las irregularidades fueron detectadas en varias regiones del país, siendo la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, así como Río Gallegos en Santa Cruz, las áreas donde se ha hallado un mayor número de casos anómalos. En estas localidades, se sospecha que un grupo de médicos podría estar involucrado en la emisión de certificados falsos, utilizando matrículas que no son válidas o especialidades que no corresponden, lo que ha permitido que algunos individuos accedan indebidamente al listado oficial de beneficios.
Razones para la baja de los beneficios
ANSES explicó detalladamente las razones por las cuales varias personas podrían dejar de percibir las diferentes ayudas que otorga el organismo. Entre las irregularidades más comunes encontradas se destacan las siguientes: la entrega de certificados médicos sin el correspondiente registro de nacimiento, la simulación de interrupciones de embarazo, fechas de parto futuras y el uso de certificaciones inválidas.
Una vez que se corrobore la irregularidad en cada caso y se efectivice la baja del beneficio, las consecuencias podrían ser más severas. Las personas que han actuado de manera fraudulenta ante el Estado se enfrentarían a una posible denuncia penal. Esto no solo podría resultar en sanciones económicas, sino también en repercusiones legales que afectarían gravemente su futuro. (Con información de Noticias Argentinas)
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