El fiscal, Leandro Dato, afirmó que la solicitud de habilitación de feria no tiene sustento normativo ni es aplicable al caso en cuestión, en respuesta al planteo presentado por los abogados defensores del exministro de Comunciación y Cultura, Pedro Báez, quienes propusieron que se aplicara el mismo criterio utilizado para habilitar la feria judicial y liberar al exgobernador Sergio Urribarri y a su cuñado, Juan Pablo Aguilera.
La defensa de Báez, encabezada por Ignacio Díaz, había solicitado al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que se aplicara el mismo criterio utilizado para habilitar la feria judicial y liberar al exgobernador Sergio Urribarri y a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, condenados en la megacausa por delitos de corrupción. Sin embargo, el fiscal argumentó que extender este beneficio a Báez sería arbitrario e implicaría un trato desigual respecto de otros justiciables.
Cabe recordar que el exfuncionario de Urribarri, condenado a seis años y medio de prisión en 2022, se encuentra con prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná desde el 22 de noviembre. Así lo dispuso por mayoría el Tribunal de Juicio integrado por María Carolina Castagno (disidencia), Julián Vergara y Elvio Garzón. Estos dos últimos consideraron que debía ser encarcelado ente el riesgo de fuga.
En un escrito al que accedió Análisis, Dato fundamentó su rechazo señalando que habilitar la feria sin motivos normativos válidos podría generar un precedente peligroso. "De habilitarse la feria se daría el absurdo y abriría la instancia a que todas la prisiones preventivas dictadas, pudieran rediscutirse este mes de enero por el sólo hecho o falaz argumento que una persona se encuentra privada de la libertad, todo lo cual no resiste el menor análisis lógico, y sólo una arbitrariedad manifiesta –no exenta de gravísimas consecuencias –podría admitir tal pretensión", sentenció el fiscal.
Además, el fiscal recordó que estos delitos, al ser tipificados bajo la Convención contra la Corrupción, requieren un tratamiento especial, ya que representan atentados contra el sistema democrático. También mencionó que la prisión preventiva dictada contra Báez -fechada el 22 de noviembre de 2024- se enmarca en lo previsto por normativa internacional y convencional, que prioriza garantizar la comparecencia de los acusados y proteger los fines del proceso penal.
Por último, Dato advirtió que acceder a la solicitud de habilitación de feria comprometería la función judicial, violentaría garantías esenciales como el debido proceso y podría tener graves consecuencias para la legitimidad del sistema judicial.
Este rechazo se da en un contexto de creciente polémica tras la habilitación de la feria y la liberación de Urribarri y Aguilera -concretado este miércoles 8-, una medida calificada de inconstitucional por el vocal del STJ Miguel Giorgio. La defensa de Báez había intentado equiparar su caso al de los otros condenados, pero el fiscal dejó claro que no corresponde aplicar el mismo criterio.
