REDACCIÓN ELONCE
Recientemente, el Colegio de Veterinarios de Entre Ríos expresó su repudio al escrache sufrido por la institución y la profesional involucrada en la atención de un perro que apareció muerto tras escapar de una peluquería canina en Paraná. A través de redes sociales, circularon acusaciones contra los responsables del establecimiento, lo que desató una ola de comentarios y ataques tanto hacia la veterinaria como hacia el Colegio. En respuesta, la entidad anunció que tomará acciones legales contra quienes difundieron dichas acusaciones.
Este incidente plantea una importante reflexión: ¿el escrache en redes sociales es una forma legítima de hacer justicia, o constituye una difamación con consecuencias graves?
El "escrache" tiene como objetivo visibilizar lo que algunos consideran injusticias, pero en muchos casos, el costo de esta "justicia ciudadana" es el daño a la reputación de personas sin que exista un proceso legal que respalde las acusaciones. Este tipo de situaciones genera un dilema en cuanto al equilibrio entre la libertad de expresión y la protección del honor de las personas afectadas.
Los especialistas coinciden en que compartir información falsa o difamatoria en redes sociales puede tener repercusiones tanto civiles como penales. Sin embargo, surge la pregunta: ¿quién es responsable de las consecuencias legales? ¿Sólo quien originó la publicación, o también aquellos que la compartieron?
En los últimos años, se han registrado numerosos casos en los que personas acusadas de delitos han sido objeto de escraches masivos. Esto pone de relieve la tensión entre el derecho a la libre expresión y el derecho al honor de las personas, protegidos por la ley. Además de las responsabilidades legales, es fundamental analizar cómo afecta a la sociedad el fenómeno del escrache y la creciente tendencia de utilizar las redes sociales como una "tribuna de justicia".
En última instancia, se trata de un debate complejo sobre el uso de las redes sociales, el respeto a la presunción de inocencia y el impacto de la "justicia popular" en la reputación de los individuos involucrados.
Para charlar este tema, estuvo presente la abogada Marcela Bustamante en El Ventilador, que se emite por Elonce martes y jueves de 21:30 a 23:00 horas.
En primer lugar, dio detalles sobre el escrache y su legalidad en el siglo XXI: “La palabra escrache, antes que todo, es un término social. La regulación legal le da respuestas. Esto entra dentro del marco de la responsabilidad que uno como ciudadano tiene. Tal vez la tipificación como escrache no está en una disposición legal, pero sí hay acciones que uno puede tomar en base a eventos como estos que se sufren”.
Ante este tipo de actos, la abogada explicó que “ante cualquier suceso, es no entrar en pánico y ponernos a estudiar qué podemos hacer. Desde la abogacía, siempre hay respuestas y lo principal es saber si se puede determinar quién es el autor de la publicación. Si es posible determinar eso, tomar acciones y ver con un escribano para ver de hacer algún informe pericial e informático para resguardar lo que se produjo para accionar legalmente”.
“Siempre se habla de la libertad de expresión, pero como todo derecho tiene su límite. Está la honra, el derecho a la intimidad de la persona que es atacada en redes sociales. Lo que los abogados solemos decir es que los derechos no son absolutos. Uno tiene el derecho a expresarse y manifestar lo que desea, sin una consecuencia", informó.
Asimismo, señaló: “Si bien los derechos son relativos, cuando se arma el controversial entre las partes, se somete a la Justicia y la Magistratura es la que define si están configurados los delitos o las acciones”. Por tal motivo, aclaró: “Todos tenemos que hacer un uso responsable de redes sociales, en el marco de lo que el derecho nos informa como ciudadanos”.
Para solucionar este tipo de situaciones en las redes sociales, está la manera extensa que contempla las pruebas, la demanda y la respuesta de un lado y del otro. Sin embargo, otros fallos definidos como “medidas autosatisfactivas” que son “la tutela urgente donde se puede solicitar la baja de la publicación inmediata”.
Por tal motivo, rememoró que un fallo del Superior Tribunal de Justicia donde explícitamente menciona que “la Justicia entrerriana debe responder a estas nuevas realidades sociales. El derecho sigue siendo el mismo, pese a la reciente modificación del Código Civil y Comercial, pero el término y las cuestiones básicas siguen siendo las mismas. Entiendo que está preparada la Justicia para este tipo de situaciones”.
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