La Justicia uruguaya imputó y condenó a una mujer de 51 años al hallarla responsable del delito de contrabando de prendas de vestir y calzado desde Argentina con fines de comercialización.
En noviembre del año pasado surgieron reiteradas denuncias anónimas mediante la línea del Ministerio del Interior del Uruguay 0800 5000, en que denunciaban a varias personas implicadas en venta de ropa de procedencia de Argentina, quienes hacían transmisiones en “vivos” en las redes sociales ofreciéndolas a bajo precio.
Al contar con varios elementos, la policía comenzó las averiguaciones e investigaciones pertinentes, ya que se trataría de una posible actividad delictiva de contrabando.
Continuadas las acciones, los uniformados identificaron a la responsable M.B.A.C, quien suministraba a las personas que vendían la mercadería en los “vivos” de redes sociales.
Una vez confirmada la maniobra se puso en conocimiento a la Justicia competente, resolviendo órdenes de allanamiento y registro de todas las fincas denunciadas donde se desarrollaban las ventas online en vivo, a fin de verificar el origen de la mercadería.
En tanto, efectivos de la Unidad de Investigaciones, del Grupo de Respuesta Táctica y de la Dirección Nacional de Aduanas procedieron a realizar varios allanamientos, incautando prendas de vestir, zapatillas, pantalones jeans y remeras, en un domicilio ubicado en las inmediaciones Benito Chain y Libertad donde reside M.B.A.C, por lo que fue detenida. En simultáneo se realizaron allanamientos en los diferentes domicilios aportados por la denunciante, incautando varias prendas de vestir para su investigación.
Seguidamente la Justicia competente dispuso se haga entrega de la mercadería a Dirección Nacional de Aduanas y la encausada fuera conducida a la Sede Judicial. Una vez en la órbita penal, se dispuso la formalización de M.B.A.C. quien resultó imputada y condenada por “un delito continuado de contrabando”, imponiéndole como pena 12 meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba.
Para ello deberá cumplir con varias obligaciones, entre ellas, la prohibición de salir del país por un plazo de 9 meses, la presentación una vez por semana en la Seccional Policial correspondiente a su domicilio y la prestación de servicios comunitarios en el lugar y condiciones que le asigne la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama). (Fuente: El Telégrafo)
