Norma Abate de Mazzuchelli, la jueza acusada de pedir coimas millonarias en La Rioja, fue imputada tras analizar el testimonio y el video que presentó la denunciante en su contra, según confirmó este viernes el fiscal provincial Luis González Aguirre. La noticia se conoció luego de que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja rechazara la renuncia de la magistrada.
Para la fiscalía, “la conducta que se le enrostra a la jueza es haber pedido una contribución abusando del ejercicio de sus funciones”, mencionó González Aguirre a TN.
“Hay un principio de prueba aportado de la denunciante, en formato de audio y video que da respaldo a lo que manifestó. Estas circunstancias, analizadas por la fiscalía, determinaron elementos suficientes para que el juez de instrucción investigue la causa”, añadió el fiscal.
Según dijo, la pena para este delito es de uno a cuatro años de prisión.
Relato preciso
En ese marco, Abate de Mazzuchelli está imputada por el delito enmarcado en el artículo 266 del Código Penal, que establece que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”.
El investigador mencionó que ya analizaron los dichos y que "se distingue que hay un relato preciso y congruente”. Fue por esto que la fiscalía “solicitó medidas de protección para poner a salvaguarda la salud física y mental de la denunciante”.
Video: la jueza acusada de pedir una coima
La denuncia a la jueza es por un pedido de coimas por $ 8.000.000
La reconocida jueza riojana Norma Abate de Mazzucchelli fue denunciada por una comerciante que dijo que le pidió $ 8.000.000 para agilizar el expediente de una sucesión.
La causa quedó en manos del fiscal Luis González Aguirre que imputó a la camarista por exacción ilegal (artículo 266 del Código Penal) que castiga con una pena de 1 a 4 años de prisión e inhabilitación especial de 1 a 5 años, al “funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”.
No obstante, Abate todavía dispone de los fueros que le da su cargo en el Poder Judicial. A partir de la imputación, el TSJ inició actuaciones disciplinarias.
“Desconozco eso”, fue la defensa que ensayó Abate de Mazucchelli cuando fue abordada por una de las periodistas de Telenoche que realizó el informe que sacudió a la Justicia riojana.
