Cansado de escuchar las sospechas y dudas que su esposa, una médica del Hospital Materno Neonatal de Córdoba, le contaba sobre muertes sospechosas, un ingeniero decidió presentarse ante la Justicia. El fiscal que asumió el caso fue Raúl Garzón, quien, con un equipo especialmente conformado, comenzó a investigar la muerte de cinco bebés nacidos sanos y la supervivencia de otros ocho entre marzo y junio de 2022 en ese centro de salud provincial. Mañana, a las 9, arrancará el juicio histórico e inédito para el país, en el que Brenda Agüero, una enfermera de 29 años, será acusada de cinco homicidios y otros ocho intentos de asesinato. Junto a ella, diez exfuncionarios y profesionales enfrentan a un jurado popular. Si se prueban los cargos, la enfermera podría recibir una pena de prisión perpetua.
Garzón, quien acumula 40 años de carrera, califica este caso como la investigación “más importante en términos de complejidad y trascendencia social” que ha tenido. Aunque no participará del juicio oral, ya que un fiscal de Cámara es quien presenta la acusación, espera que el proceso se cierre con justicia para los bebés fallecidos, los sobrevivientes, sus madres y la comunidad en general. En julio de 2022, el ingeniero fue el primero en llevar la denuncia a la Justicia, pero no fue el primero en conocer los hechos. Semanas antes, su colega Guillermo González, quien luego fue objeto de una investigación administrativa, había tenido conocimiento de al menos tres muertes sospechosas, según relató Moisés Dib, director del Instituto de Medicina Forense. Dib mencionó que Alejandro Escudero Salama, por entonces subdirector del Neonatal, lo contactó a través de González para discutir el caso y le sugirió realizar la denuncia judicial, pero no se procedió con ella.
Antes de que el ingeniero acudiera a la Justicia, una investigación policial había comenzado el 6 de junio de 2022, pero sin conectar las muertes entre sí. Ese día, un médico de turno en el hospital se negó a firmar el certificado de defunción de un bebé, debido a sus dudas sobre la causa de la muerte. Un policía que trabajaba en el hospital se presentó entonces en la Fiscalía de Distrito 4, Turno 6, a cargo de Jorgelina Gutiez, y al día siguiente se registró otro caso similar.
Las autopsias revelaron que los bebés tenían niveles extremadamente altos de potasio en sangre, una sustancia incompatible con la vida, que no había sido administrada por orden médica. En la instrucción de la causa, también se exhumaron otros tres cuerpos, cuyas autopsias confirmaron resultados similares. A todos se les realizó un doble cotejo de ADN.
El 19 de agosto de 2022, la conmoción social alcanzó su pico. Además de las cinco muertes, la enfermera Brenda Agüero fue acusada. Ese día, la Policía allanó su casa en Río Ceballos, a 40 kilómetros de Córdoba, y la detuvo. Agüero formaba parte del personal "licenciado" por la investigación interna en el Neonatal. La imputación inicial de Garzón era por “homicidio calificado reiterado” en dos casos, pero, a medida que avanzaba la investigación, la acusación se amplió. A fines de octubre, Garzón agravó los cargos contra la enfermera, quien siempre ha sostenido su inocencia, alegando que estaba presa "por saber lo que pasaba" en el hospital. La imputación ahora abarca el homicidio de los tres recién nacidos adicionales, y la acusación incluye homicidio calificado por el uso de un método insidioso y el intento de homicidio de los ocho bebés sobrevivientes.
Por primera vez en la Justicia de Córdoba se aplicó la perspectiva del recién nacido, considerado como el "ser más vulnerable". En la acusación, se detalla cómo Agüero, aprovechando su puesto como enfermera, habría inoculado de manera oculta a los bebés recién nacidos, con la complicidad aparente de su profesión. La mujer, que fue detenida desde su arresto en agosto de 2022, permanece en la cárcel de Bouwer, tras cambiar varias veces de abogados. Actualmente, su defensa está a cargo de Gustavo Nievas (exfiscal condenado por coimas) y Juan Manuel Rivero, quienes argumentan, entre otras cosas, que en el Neonatal había medicamentos vencidos. Sin embargo, para los investigadores, este factor no tiene conexión con las muertes de los bebés.
En mayo de 2023, el juez de Control Juan Manuel Fernández López ratificó la elevación a juicio de Agüero. La acusación se apoya en los peritajes multi e interdisciplinarios que concluyeron que las muertes de los bebés fueron homicidios en serie. Según los expertos, la persona responsable actuó sola, y se destacó la necesidad de “conocimiento específico” para llevar a cabo los crímenes.
Los peritajes también determinaron que los bebés recibieron dosis letales de potasio, lo que resultó fatal para recién nacidos de horas de vida. Además, se hallaron otros eventos y lesiones durante los análisis de laboratorio que no podían ser explicados por causas naturales ni por la intervención médica.
Este juicio marcará un antes y un después en la historia de la Justicia en Argentina, debido a su magnitud, el impacto social y la gravedad de los crímenes investigados. (Con información de La Nación)
