El ex senador entrerriano Edgardo Kueider solicitó su eximición de prisión en la causa por enriquecimiento ilícito que investiga la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, con el objetivo de que la pesquisa continúe mientras él se encuentra en libertad.
La solicitud también incluye a Iara Guinsel Costa, secretaria de Kueider, quien junto al ex legislador cumple prisión domiciliaria en Paraguay. Ambos se encuentran detenidos en un departamento de lujo por un intento de contrabando de 211.000 USD, incautados cuando intentaban ingresar a Ciudad del Este desde Brasil sin declararlos. En Paraguay, este delito es penalizado con penas de entre seis meses y dos años y medio de prisión, en grado de tentativa.
El pedido fue presentado ante el Juzgado Federal de San Isidro por el abogado de Kueider, Maximiliano Ruiz, quien además solicitó la recusación de la jueza Arroyo Salgado, alegando que existe "una persecución política y prejuzgamiento" por parte de la magistrada.
La solicitud llega luego de que Arroyo Salgado presentara el martes un exhorto internacional para la extradición de Kueider y Guinsel Costa, con el fin de tomarles declaración indagatoria. Kueider perdió sus fueros el jueves pasado, tras ser expulsado de la Cámara baja por una amplia mayoría de votos. La jueza adoptó esta decisión a pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, en el marco de una causa en la que se investiga a Kueider por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero.
La causa en la Justicia Federal comenzó a principios de julio tras una denuncia del periodista Christian Sanz, basada en publicaciones del sitio *El Disenso* y elentrerios.com. Estas revelaron que Kueider poseía al menos tres departamentos con cocheras en un edificio de lujo en Paraná, a través de una sociedad inactiva, Betail SA, que aparentemente utilizó como pantalla.
La jueza Arroyo Salgado también solicitó el traslado de ambos detenidos a su Juzgado Federal de San Isidro, el secuestro de sus celulares y otros dispositivos electrónicos, así como el allanamiento del departamento de lujo donde permanecen bajo prisión domiciliaria. Además, solicitó a Interpol la captura nacional e internacional de Kueider en caso de que sea liberado en Paraguay. Lo mismo pidió para Guinsel Costa, quien también está siendo investigada por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
La investigación por enriquecimiento ilícito se originó tras la revelación de que la empresa Betail SA, de la que Kueider es accionista desde diciembre de 2019, figuraba como titular de las expensas de tres departamentos y dos cocheras en un edificio de lujo en Paraná. La empresa compró las propiedades en 2021 a través de un fideicomiso, lo que dificultaba identificar al verdadero propietario. En junio, las expensas comenzaron a estar a nombre de Guinsel Costa, quien en ese momento trabajaba en el despacho de Kueider en el Senado. El administrador del edificio declaró que ella pagaba las expensas, lo que llevó a la sospecha de que podría haber actuado como testaferro de Kueider.
Esta causa está relacionada con otra en curso en el mismo Juzgado Federal, que investiga el pago de coimas por parte de la firma Securitas Argentina a la empresa de energía ENERSA, entre 2017 y 2019, para mantener los contratos de seguridad. Este período coincide parcialmente con el tiempo en que Kueider fue secretario general de Gobierno en la gestión del gobernador Gustavo Bordet. El expediente de Securitas, que comenzó con una autodenuncia de la empresa, recayó en San Isidro debido a que la sede central de Securitas se encuentra en la localidad bonaerense de Munro. El 8 de octubre, la jueza decidió conectar ambas causas.
En la actualidad, existen dos expedientes en los que se investiga a Kueider por enriquecimiento ilícito: uno a cargo de Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez, y otro en Concordia, la ciudad natal del ex legislador, con la intervención del fiscal provincial José Arias. Arroyo Salgado solicitó ayer la inhibitoria de la Justicia entrerriana en un oficio enviado al juez de garantías Edwin Ives Bastian. (Fuente: Infobae)
