REDACCIÓN ELONCE
El gobernador Rogelio Frigerio reveló que, en el marco de la intervención del Ioper, se detectaron “irregularidades” cuyas actuaciones serán elevadas al Tribunal de Cuentas para que sean investigadas por la Justicia entrerriana. Asimismo, repasó las acciones desarrolladas durante 70 días de intervención de la obra social provincial.
“Este 1º de abril se termina la posibilidad de cobrar el plus a todos los afiliados a Iosper”, aseguró Frigerio al brindar un nuevo balance, en el que estuvo acompañado por el interventor, Mariano Gallegos, y el subinterventor, Ricardo García.
El mandatario entrerriano mencionó el acuerdo con los prestadores médicos a través del convenio con FEMER y la ampliación a cinco proveedores de prótesis “para regularizar rápido la situación de los más de mil afiliados que esperan su intervención quirúrgica”.
“Detectamos 1.041 prótesis que habían sido pagadas por Iosper, pero que nunca fueron entregadas”, reveló el gobernador. Y a continuación, explicó: “Antes, la modalidad de compra era bajo lo que se llama de cápita, que implica que el prestador cobre por anticipado una suma fija todos los meses y está obligado a proveer de las prótesis a sus afiliados. Pero en Iosper, los prestadores se quedaban con el dinero y, en lugar en entregar las prótesis que habían cobrado, las incluían en un estado `de observación´ beneficiándose económicamente de esta demora y perjudicando a los afiliados”. “La situación generó un perjuicio millonario al Iosper”, destacó Frigerio.
“El convenio (con los proveedores de prótesis) fue altamente perjudicial para Iosper y será la Justicia la que determine el grado de responsabilidad de las partes que firmaron el acuerdo para establecer si hubo negligencia y una mala administración o si existió una connivencia que refiera una figura delictual”, explicó el interventor, Mariano Gallegos.
Al dar cuenta del relevamiento, desde enero 2024, Gallegos indicó que “se detectaron 1.401 prótesis que habían sido autorizadas por Iosper y los médicos tratantes, pero nunca fueron provistas porque, pese a la modalidad del contrato de cápita, el prestador estaba obligado a proveerlas”.
En la oportunidad, el interventor prometió que “con la colaboración de la Asociación de Clínicas de Entre Ríos, los centros donde se harán las intervenciones, regularizarían todas las operaciones atrasadas en, aproximadamente, tres meses”.
