El Gobierno comenzará a trabajar en los próximos días, y con la idea de presentarlo rápidamente en sociedad, en un nuevo plan de reforma laboral, que apunte a facilitar la contratación de nuevos empleados en las empresas privadas. La idea es que las compañías puedan incorporar nuevo personal por un período de tiempo, y que tengan facilidad para terminar la relación. En otras palabras, se trataría de un nuevo proyecto de "flexibilización laboral".
Según publica el diario Ámbito Financiero, "el problema de la idea, es que la sola referencia al título haría estallar políticamente la relación entre el Ejecutivo y la flamante nueva conducción tripartita de la CGT; además de la suba de la marea de las críticas opositoras. Sobre este seguro e inevitable rechazo político, deberá trabajar el Gobierno".
La idea de esta nueva reforma laboral estaba en cartera desde el segundo trimestre del año, pero se aceleró esta semana con la aparición del dato de desempleo del 9,3% del segundo trimestre del año. El porcentaje cayó como un balde de agua fría en varios de los despachos oficiales donde se elabora la política económica; y derivó en un pedido "urgente" de soluciones de parte del ala política del Gobierno. Obviamente con el aval de Mauricio Macri. Las palabras que más se escucharon ayer fueron "competitividad" y "productividad" como los principales escollos para que crezca la demanda de empleo en el sector privado, en medio de una crisis en la actividad económica. Se reflexionó además en que para solucionar en parte este problema, el Gobierno debería avanzar en normas que faciliten la toma de empleados por parte de las empresas privadas.
Los puntos sobre los que trabaja parte del Gobierno serían, básicamente, <b>la flexibilización de las condiciones de contratación para los nuevos trabajadores</b>; en especial las personas que tengan entre 18 y 24 años que no hayan tenido antes un puesto en blanco; y la posibilidad de permitir <b>negociaciones paritarias descentralizadas y por empresa</b>, cuando los empleados lo consideren necesario eliminando incluso la obligatoriedad para que la cúpula sindical y las autoridades competentes avalen los acuerdos. En el primer caso se trataría de una revitalización de la "ley de primer empleo" que el Gobierno ya había enviado en mayo al Congreso y que por ahora permanece frenada.
<b>La iniciativa debería ser aprobada por ley; con lo que se necesitaría un amplio acuerdo con los representantes legislativos de la oposición</b> para que la idea avance en el Congreso.
Donde se sabe que el nivel de conflictividad negociadora llegará al máximo será en el capítulo de negociaciones paritarias dentro de las empresas, por separado a los gremios. Se decidirá en las próximas horas si este segmento se incluye en un eventual proyecto de reforma laboral o se lo hace descansar hasta algún mejor momento futuro.
