REDACCIÓN ELONCE
El Programa Reprocann nació con el objetivo de mejorar el acceso a los derivados de la planta de cannabis con fines medicinales, basados en evidencia científica. Los pacientes con indicación médica pueden obtener productos derivados o cultivar la planta de manera controlada, ya sea por ellos mismos, por terceros o a través de organizaciones no gubernamentales (ONG) autorizadas. Aquellos sin cobertura de salud, atendidos en el Sistema Público, pueden acceder gratuitamente a estos productos, mientras que quienes tienen obra social o medicina prepaga deben recibir cobertura para estos tratamientos.
Este registro asegura que sólo los pacientes habilitados puedan recibir productos en farmacias autorizadas o cultivar cannabis de forma controlada. Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que el Gobierno revocará todos los permisos otorgados para el cultivo de marihuana, argumentando que muchos fueron desviados hacia el mercado ilegal. Aunque el uso medicinal del cannabis sigue siendo legal, Bullrich aseguró que se revisarán los permisos y se comenzará de nuevo con el programa para evitar irregularidades.
La medida generó un fuerte debate. Muchos pacientes, que dependen de estos permisos para su tratamiento, temen que la decisión los exponga a situaciones complicadas, incluso a ser perseguidos por la ley. Por otro lado, la postura del Gobierno plantea la necesidad de poner orden en un sistema que, según sus responsables, fue mal gestionado y facilitó el desvío de la marihuana hacia el mercado ilegal.
La pregunta que surge es: ¿esta medida está realmente atendiendo una necesidad de control y seguridad, o está dejando de lado a miles de personas que dependen de estos tratamientos? ¿Cómo encontrar un equilibrio entre la regulación y el acceso a un medicamento esencial para muchos?
Javier Orduna, abogado especialista en derecho penal y normativa cannábica, fue el invitado del programa El Ventilador, que se emite martes y jueves por Elonce de 21:30 a 23 horas.
Ante el anuncio de la ministra Bullrich, detalló: “Primero hay que llevarle tranquilidad a esos usuarios y usuarias de cannabis porque solo fue una declaración de la ministra. Segundo, hay que dejar en claro que la ministra de Seguridad de la Nación carece de facultades para opinar de la materia de salud. Para eso está el Ministerio de Salud. En Argentina es legal el cultivo de cannabis siempre y cuando sea dentro del marco que la ley de cannabis establece: puede ser para la salud como también para la terapéutica del cannabis. Fue una de las tantas declaraciones que hace la ministra de Seguridad, quizás queriendo desviar algún tema en agenda y quizás instalarse políticamente. En materia legal, el Gobierno no ha hecho nada en contra del cannabis. Si quiero decir que desde que asumió este Gobierno, el Reprocann está frenado, no cumple con la emisión de los permisos y la renovación de los ya otorgados”.
Luego llevó adelante un poco de historia de este tema en discusión en esta gestión a nivel nacional: “En el 2017 se crea la ley de Cannabis. En el 2020 se reglamenta el Reprocann. A partir de ahí hasta el 2022 se inscribieron unas 300 mil personas en todo el país. Hay mucho más que consume cannabis, pero que no está inscripta. Sabemos, a ciencia cierta, que en Argentina hay más de 300 mil usuarios de cannabis, que son personas que necesitan el cannabis para satisfacer el derecho a su salud. Generalmente, se busca estigmatizar porque verdaderamente, se hace una campaña de estigmatización sobre la droga, pero el narcotráfico no baja. Lo que hace el Reprocann y el cannabis medicinal es extraer un mercado más al narcotráfico”.
Asimismo, lo que ocasionó el cannabis desde la ley en 2017 “fue que cuando se regula la cuestión de la planta de cannabis, no había semillas para satisfacer la demanda del mercado. Después comienza a emitir permisos para que personas puedan crear semillas, lo que se llama creaciones fitogenéticas, es decir, el Instituto Nacional de la Semilla con el Ministerio de Salud de la Nación crean un marco regulatorio para que en Argentina se desarrolle un cannabis seguro, oportuno y accesible”.
A raíz de las versiones gubernamentales que explicitan que irían tras aquellas personas que en realidad utilizaban los permisos para vender la droga de forma ilegal, el letrado expuso: “Creo que hay una confusión que hace a la política de persecución penal. Está bien que se persiga y se busque prevenir que la gente acceda a sustancias que les hace mal. Hay que revisar esos enfoques porque tienen 50 años y hasta ahora lo que vemos es que la gente está consumiendo cada vez más sustancias, que el narcotráfico es cada vez más sofisticado y que, del otro lado, hay derechos vulnerados en cuanto a la salud de las personas”. Al mismo tiempo, reconoce que la reglamentación de la ley “fue en contra del espíritu de la norma, que buscaba satisfacer derechos de las personas en cuanto a la salud. La reglamentación dijo que el cannabis solo sirve para la epilepsia refractaria”.
Asimismo, hizo hincapié en una falta de reglamentación de una ley en Entre Ríos: “Tienen una ley, la 10.894, que está sin reglamentar. Ya está operativa porque la falta de reglamentación no impide la operatividad de la norma. En Entre Ríos se puede operar hasta en tres domicilios y no hay límites de planta”.
Además, se metió en la discusión por una crítica que ve en la sociedad: “Le ha dado vida a dos: el CBD, como el cannabis bueno, y el THC, como el malo. No hay cannabis bueno o malo. El veneno está en la dosis o en el uso de la sustancia. Con ese criterio, a uno le podrían prohibir ir a la farmacia a comprar ibuprofeno, que es de venta libre”.
“Es una política que le vino a traer alivio a la población y no le genera gasto al Estado”, agregó.
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