REDACCIÓN ELONCE
En las últimas horas, el presidente Javier Milei firmó un decreto que designa a dos nuevos jueces en la Corte Suprema de Justicia, Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, a pesar de no contar con el aval del Senado. Esta decisión se enmarca en un contexto donde la Corte enfrenta vacantes desde 2021, y actualmente sólo tiene tres miembros.
El gobierno justifica la medida citando el artículo 99 de la Constitución Nacional, que permite al presidente llenar vacantes durante el receso del Senado, pero la oposición y varios expertos constitucionalistas señalan que esta acción es inconstitucional, advirtiendo sobre un posible retroceso institucional.
El nombramiento por decreto plantea una serie de interrogantes: ¿Es justificable que el presidente utilice esta facultad ante la falta de acuerdo en el Senado? ¿Cómo afecta la independencia judicial que el Poder Ejecutivo tome decisiones unilaterales sobre la Corte Suprema? Además, ¿cuál es el impacto para el funcionamiento del máximo tribunal al operar con solo tres jueces, y qué urgencia tiene cubrir las vacantes para garantizar su normal desempeño?
El debate sobre el equilibrio entre los poderes del Estado y la independencia judicial se intensifica con esta medida, y su resolución podría tener implicancias trascendentales para el futuro del sistema judicial argentino.
Francisco Funes es abogado, especialista en Derecho Constitucional, doctor en Derecho de la Información Pública, doctor en Ciencias Políticas y docente universitario. Fue el invitado para el programa El Ventilador, que se emite martes y jueves de 21:30 a 23:00 horas por Elonce.
El docente universitario, en primer lugar, comunicó el problema que se generó a pocos días de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo: “Este nombramiento por cómo queda constituida la Corte hasta con cuatro hombres y posiblemente con cinco es una clara inconstitucionalidad por omisión o por acción porque no respeta lo que está arreglado en el artículo 75 inciso 22 que es evitar toda forma de discriminación contra la mujer”.
En consonancia, valoró: “La palabra empleo, que está en el artículo 99 en las atribuciones presidenciales en el inciso 19, acá se usa con una mutación y un alcance inusitado que no es el que tuvo. Nadie puede ser empleado de un par, inclusive de un superior. Si el poder es uno solo y tres son las funciones y existe la división de poderes, nunca un juez puede terminar juzgando al presidente de la Nación pueda ser empleado ni nombrado por el juez. Además, nadie creería en la independencia del juez si es nombrado por decreto y dura hasta el 10 de diciembre si no tiene acuerdo en el Senado de la Nación con dos tercios de los presentes”.
En la misma línea, hizo lugar a una pequeña estadística que habla de la disparidad de género que hay en la Justicia: “De 163 jueces, tres son mujeres. Es muy importante esto porque se cubre la vacante de una mujer, de Elena Highton de Nolasco, y se la reemplaza con un varón. Encima hay una polémica que extendiendo el término empleo a la máxima extensión interpretativa es durante el receso. Highton de Nolasco renunció cuando estaba vivo y operando el Congreso de la Nación. Por lo cual, tendría que haber nombrado a un funcionario. También tiene que ver el espíritu de la Constitución. Usted no puede llamar a extraordinarias que termina el 26 de febrero y empiezan las Ordinarias el 1 de marzo y decir que en el receso de estos tres días no espero la institucionalidad y nombro los jueces por decreto”.
De todas formas, ejemplificó que el caso de Milei ha sido un “caso perfecto”. Posteriormente, aportó: “Se designaron dos jueces, aplicó el decreto 222/03 de Kirchner, se hicieron las impugnaciones, ambos estuvieron en el Senado nueve horas contestando las impugnaciones y fueron a comisión. En comisión no avanzó el pliego de García Mansilla, pero el de Lijo, por un voto, pasó a comisión e iba al recinto. Cuando iba a ir ahí, pasó el tema de la criptomoneda y no se votó. Estaba muy avanzado el proceso de legitimación. Todo lo que parecía un proceso serio, desde mi punto de vista y haciendo un análisis y una interpretación grosera de la palabra empleo y el artículo 99 inciso 19, terminó en este decreto”.
“En Argentina se ha acostumbrado a juzgar al hecho consumado. Cualquier duda que podía haber, había una acción del Centro de Equidad contra el Nombramiento por Decreto. Ya la Corte lo avaló, si es que la foto no es trucada, tomándole juramento a García Mansilla el juez Rosatti. Hasta el 10 de diciembre va a estar como ministro de la Corte”, ahondó.
Sobre la elección de García Mansilla, Funes destacó: “Es un Doctor en Derecho y tiene la idoneidad que requiere la Constitución Nacional para ocupar el cargo de ministro de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación”. En cuanto a Ariel Lijo, sostuvo: “No lo conozco. Me llevan las generales de la ley por todas las polémicas que ha despertado, pero conozco muchos doctores y profesores de derecho constitucional que lo critican e impugnan por su accionar en Comodoro Py”.
“Creo que esta Corte de cinco miembros funcionaba muy bien. Hay algunos críticos como Zaffaroni como exmiembro de la Corte Suprema de la Nación y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos porque dice que tres personas tienen el poder total de la República. Esa crítica se diluye si la Corte es eficiente, si saca fallos en teimpo y forma, y tiene argumentos sólidos y trabaja bien con los asesores”, explicó.
