ATE paro CTA. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció su adhesión al paro general que se llevará a cabo este jueves, en rechazo a las políticas implementadas por el presidente Javier Milei.
Esta medida, que ya cuenta con el apoyo de las dos Centrales de Trabajadores (CTA), busca visibilizar el descontento de los trabajadores ante las reformas impulsadas por el gobierno nacional.
"La unidad de la clase trabajadora da resultados”
Mercedes Cabezas, secretaria adjunta de ATE a nivel nacional y empleada del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), expresó su firme apoyo a la huelga y señaló que con esta movilización “van a demostrar que la unidad de la clase trabajadora da resultados”.
Cabezas destacó la importancia de la organización sindical en momentos de crisis, y recalcó que el paro representa una oportunidad para que los trabajadores se expresen en defensa de sus derechos.
La dirigente también hizo hincapié en los difíciles momentos que han atravesado los trabajadores estatales en los últimos meses. “Este año ha sido terrible para las y los estatales. Desde febrero estamos sufriendo despidos en todo el país. Las modalidades han sido muy distintas pero en todas buscan el mismo objetivo: dejar sin ingresos a familias enteras”, aseguró.
Críticas a la CGT y a los funcionarios públicos
La dirigente también dedicó fuertes críticas a la Central General de Trabajadores (CGT), que hasta el momento no ha convocado un paro en solidaridad con la protesta. “No se entiende cómo no convocan a un paro. No hay solidaridad o no pertenecen a la misma clase”, manifestó.
En otro tramo, Cabezas cuestionó la participación de altos funcionarios públicos en empresas privadas, señalando que “55 de 185 altos funcionarios públicos tienen participación en directorios de empresas privadas”.
Según la dirigente de ATE, estos funcionarios son los principales responsables de “arrastrar a familias enteras a la pobreza” debido a que los salarios de los trabajadores estatales están muy por debajo de la canasta básica.
“No les permiten tener vidas dignas, no pueden acceder a derechos básicos como la salud, la educación o una vivienda, y ni hablar de la violencia y discriminación legitimados también desde esos mismos funcionarios”, concluyó.
