El pasado domingo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció a través de un comunicado oficial haber recibido una amenaza de muerte proveniente de un video difundido por una organización narco-terrorista. En el mismo mensaje, la banda criminal también amenazó al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en lo que ha sido calificado como un hecho de extrema gravedad para la seguridad nacional. El video, que habría sido grabado y distribuido por miembros de la organización, incluye mensajes explícitos de intimidación hacia las autoridades.
En respuesta a este episodio, que fue considerado como una amenaza directa al orden institucional, el Gobierno nacional decidió ofrecer una recompensa de diez millones de pesos a quienes puedan aportar información relevante que ayude a esclarecer el caso y dar con los responsables de estas amenazas.
Formalización
El Ministerio de Seguridad, encabezado por Bullrich, formalizó este ofrecimiento a través de la resolución 1295/24, que fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial. En el texto, se señala que el Gobierno está dispuesto a recompensar “a aquellos aportantes que brinden datos útiles, precisos y concretos para identificar a los miembros de la organización criminal, como así también detalles sobre las actividades delictivas desarrolladas por ellos, y los lugares de operación”.
El comunicado también hace hincapié en que “resulta necesario y urgente identificar a los autores de las mencionadas conductas delictivas, que constituyen un caso de gravedad institucional con trascendencia a nivel nacional e internacional”.
En este sentido, el Gobierno enfatiza la urgencia de una “rápida y contundente respuesta del Estado”, dado que las amenazas y los ataques de estos grupos no solo ponen en peligro a las autoridades locales, sino que tienen implicancias que trascienden las fronteras del país.
Un caso de trascendencia nacional e internacional
El caso de las amenazas a Bullrich y Pullaro no es un incidente aislado. Las organizaciones narco-terroristas han ido incrementando su presencia y poder en varias regiones del país, especialmente en áreas como Santa Fe, donde el narcotráfico y la violencia asociada a él han generado una creciente preocupación en la ciudadanía. Según fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad, la situación en esta provincia es especialmente compleja debido a la alianza entre grupos criminales locales y organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico y el terrorismo.
La respuesta del Gobierno a través de la recompensa de diez millones de pesos es un intento por desarticular esta red de manera rápida y efectiva. En el marco de este esfuerzo, se espera que los aportes de la ciudadanía y las fuerzas de seguridad logren esclarecer los pormenores de las amenazas y las actividades ilícitas de la organización. Con este tipo de medidas, las autoridades buscan enviar un mensaje claro de firmeza frente a las amenazas que enfrentan las instituciones del Estado, demostrando que la lucha contra el crimen organizado será una prioridad.
