REDACCIÓN ELONCE
La Justicia avanza en la investigación de la presunta estafa a decenas de personas en Paraná, que depositaron fondos no declarados en la denominada “Mesa de dinero” manejada por un contador y otros socios, los cuales, pagaban intereses superiores a los del mercado financiero, a los ciudadanos que consignaban fondos para obtener el beneficio económico.
Los responsables de la mesa de dinero tomaban pesos, dólares, vehículos y propiedades. A cambio, ofrecían rendimientos mensuales que rondaban el 4% en dólares y la devolución del capital al final del plazo. Esto implicaba que quien invertía 10 mil dólares en un año ganaba 4.800. La maniobra habría afectado a más de 30 personas por un monto que ascendería a varias decenas de millones de dólares.
En la operatoria, apelaron a instrumentos como “contratos de mutuo” y pagarés. Hasta el momento, los más involucradas son el contador Andrés Gamarci, el empresario Cristian Vital y Matías Santamaría, aunque, podría haber otros actores que tendrían diversos roles en el engaño pergeñado a través de la Mesa de Dinero.
Santa María, a quien se identifica por la vida de lujos que ostentaba en redes, es representado por Pedro Fontanetto; el defensor desmintió ayer los dichos sobre un eventual ofrecimiento hacia los damnificados por la estafa.
Elonce dialogó con el abogado que representa a 45 denunciantes, quien dio cuenta de las “tratativas” para acordar un resarcimiento económico en favor de las víctimas; y remarcó que los estafados no recibirán el 100% de los fondos invertidos.
“Los trascendidos sobre un ofrecimiento formal generaron el descontento entre los abogados defensores, que no habían hecho ninguna oferta, y la inquietud entre las víctimas ante consultas”, repasó a Elonce el abogado que representa a 45 denunciantes, Claudio Berón. Y ratificó: “Hasta el momento, no hay un ofrecimiento formal, pero sí hay tratativas porque la propuesta de los defensores -sobre todo el de Santamaría- es que les dé un tiempo para organizarse y presentar un ofrecimiento”.
En la oportunidad, Berón recalcó que la mayoría de los denunciantes “pretende recuperar el dinero del que fueron despojados”.
Cómo avanzan las tratativas para acordar la devolución del dinero a las víctimas
En ese sentido, se le consultó al querellante cómo avanzan las tratativas para acordar la devolución del dinero a las víctimas. “La función del Derecho Penal es castigar y cuenta con herramientas que disponen un tipo de resarcimiento para las víctimas, pero no será del 100%, y en el marco de negociaciones válidas”, explicó Berón.
De igual manera, sostuvo que es “apresurado e irresponsable” mencionar el porcentaje que recibirían las víctimas porque, si se llegara a buen puerto con las negociaciones, “el monto a pactar dependerá de lo que pueda ofrecer Santamaría y los Gamarci, porque no se los puede obligar a algo que no puedan cumplir; y también deberán estar conformes las víctimas”.
“Quienes deben dar el OK ante una propuesta son los damnificados, que son los dueños del dinero”, remarcó al destacar: “La legislación prevé, en la negociación, el resarcimiento a las víctimas y, de esa manera, se le da algún tipo de beneficio a Santamaría”.
Sobre el origen de los fondos invertidos
En la oportunidad, el querellante aclaró que “las víctimas no tienen que justificar la procedencia del dinero ante Fiscalía”. Y subrayó que “los montos son totalmente justificables porque no alcanzan a la suma millonaria que trascendió”.
“Las victimas podrán acreditar el origen de los fondos porque había casos en los que invertía el padre, la madre y el hermano y, por cuestiones prácticas, hacían el contrato a nombre de una sola persona para que no tengan que ir todos a firmar”, especificó.
Juicio abreviado o pena efectiva de cárcel
Asimismo, Berón recalcó que “no se extingue el delito si los imputados acuerdan con los damnificados la devolución de parte del dinero”; y aventuró la posibilidad de una resolución en un juicio abreviado.
Para el querellante, “hay una intención” de parte de los imputados de resolver el conflicto porque así se comprometieron a través de los abogados. “El plazo es de 120 días para que se estabilice la cantidad de víctimas y determinar el monto de dinero a los fines de determinar algún tipo de arreglo económico. En caso contrario, la causa avanzará para que los imputados respondan con una pena efectiva de cárcel”, sentenció.
