REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná llevó a cabo la clausura de la chatarrería ubicada en la avenida Circunvalación, cumpliendo con la disposición de la Justicia que dio lugar a un amparo colectivo.
Aldana Sasia, abogada que lleva adelante la causa en representación de los vecinos de la zona y vecinales, precisó al programa: “Son 29 vecinos que se presentaron más un sinnúmero más que no están en la causa”.
Posteriormente, hizo una valoración de lo conocido este lunes: “Esta sentencia que salió ayer, surge a partir de un pedido de ejecución de sentencia que iniciamos los vecinos con mi patrocinio, pidiendo el incumplimiento de la sentencia que se había dictado el 29 de julio de 2024, en una acción de amparo que iniciamos en diciembre de 2023. En aquella sentencia, se ordenó el cese de la actividad y se ordenó un plan de traslado de todos los residuos que hay en el lugar. De no poder llevarse adelante el traslado, llevarlo a un lugar de un depósito habilitado”.
“Hemos realizado reuniones y exigido cumplimiento de la sentencia del año pasado, por eso se llega a esta resolución a más de un año de haber hecho el reconocimiento judicial con la jueza en aquel amparo, lo cual se constató la presencia de un sinnúmero de residuos. Muchos de ellos son peligrosos y muy contaminantes, con una vigencia de más de 30 años en el lugar. Es lo que ahora lleva a ordenar la jueza la clausura definitiva”, ahondó en el tema la letrada.
Esta sentencia aclara que “tiene que darse el traslado de estas cosas en cinco días, bajo el apercibimiento de aplicación de astreintes de 200 mil pesos diarios”.
“La afectación es muy difícil es medir, es inconmensurable. El primer reclamo que presentamos data de 1998, cuando la presidenta vecinal de Brisas del Este, hacía su primer reclamo pidiendo a la Municipalidad que tome cartas en el asunto y vea cómo se están tratando esos residuos sin impermeabilización. Pasaron prácticamente 30 años de reclamos, de intervenciones de la Secretaría de Medio Ambiente, de presentaciones ante el Concejo Deliberante, sin que nunca la Municipalidad habilite ese lugar. Estamos hablando de una actividad que se desarrolló durante 30 años sin ningún tipo de habilitación, como si uno pudiera llevar adelante la actividad que quiera sin habilitación”, expuso.
Entre algunos de los problemas de salud que generó en los vecinos de la zona, argumentó: “Los vecinos manejan altísimos niveles de estrés, de contaminación visual y el impacto ambiental que genera teniendo el límite lindero con sus patios esta simple visualización de tamaña magnitud de chatarra ha causado un sinnúmero de daños psicológicos”. En ese sentido, aseveró: “Hay muchísimos casos graves de enfermedades, que si bien no puede demostrarse hoy a ciencia cierta la relación de causalidad, hay muchos contaminantes como caños, plomo, níquel, etc”.
También Sasia aportó que la chatarrería, durante este último tiempo, “siguió funcionando”. Esto puede llevar a algunos delitos “como la omisión a una demanda judicial porque no se cumplió la sentencia y de otros delitos que han sido trasladados al fiscal provincial y el federal también porque atento a la manipulación de residuos peligrosos se está investigando la posible comisión de delitos como contaminación de agua y suelos, que tienen tipificación en el Código Penal y pueden resultar aplicados por los fiscales que están interviniendo hoy”.
Por último, resumió: “Hemos pedido una medida alternativa, que es que el cumplimiento del traslado de todos los residuos sea llevado adelante por la Municipalidad, también incumplidora porque durante 30 años se permitió por parte de los poderes ejecutivos de turno la instalación de semejante comercio de residuos y chatarras sin ningún tipo de habilitación”.
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