México se convertirá en el primer país del mundo en elegir a todos sus jueces mediante voto popular. Esta transformación en el Poder Judicial sigue a la reciente aprobación de una reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los críticos advierten que estos cambios podrían socavar la independencia de los poderes del Estado. La elección de casi 1.600 jueces y magistrados se llevará a cabo entre 2025 y 2027.
"Vamos a dar un ejemplo al mundo porque el poder judicial, está más que demostrado, no imparte justicia", declaró López Obrador, celebrando la aprobación de la reforma que ha tensado las relaciones con Estados Unidos, su principal socio comercial, y que genera incertidumbre económica.
López Obrador, quien entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, impulsó esta reforma en medio de un conflicto con la Suprema Corte, a la que acusa de proteger la corrupción y a grupos criminales, y de servir como bastión de la oposición. Sheinbaum también expresó su apoyo a la reforma en redes sociales, afirmando que el "régimen de corrupción y privilegios se queda cada día más en el pasado".
La Suprema Corte ha bloqueado varias reformas propuestas por López Obrador, incluyendo la expansión del papel del Estado en el sector energético y la militarización de la seguridad pública. En México, la impunidad supera el 90%, con un promedio de 80 homicidios diarios y más de 100.000 desaparecidos, según la propia Suprema Corte.
Críticos, incluidos magistrados de la Corte, Estados Unidos, Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch, advierten que la elección de jueces por voto popular podría exponer a los magistrados a intereses políticos y criminales. La presidenta de la Corte, Norma Piña, ha denunciado que esta reforma supondría la "demolición" del Poder Judicial.
Después de ser aprobada por el Senado, la reforma debe ser ratificada por al menos 17 congresos estatales, un proceso que parece factible dado que el partido Morena y sus aliados controlan dos tercios de las gobernaciones. Posteriormente, la reforma será promulgada por la presidencia. Estos trámites comenzaron el miércoles en varios estados.
López Obrador, cuya popularidad supera el 70%, sostiene que la Corte no tiene autoridad para detener la reforma mediante impugnaciones.
Cómo funcionará la elección de jueces por voto popular
La elección de casi 1.600 jueces y magistrados se llevará a cabo entre 2025 y 2027. Los candidatos serán propuestos paritariamente por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los actuales jueces podrán postularse, pero si no lo hacen, permanecerán en sus cargos hasta que asuman los nuevos elegidos.
La reforma también introduce el Tribunal de Disciplina Judicial, un organismo gubernamental encargado de supervisar el comportamiento del personal judicial, cuyos magistrados también serán elegidos en 2025.
Todas las elecciones serán reguladas y supervisadas por el Instituto Nacional Electoral, con la promesa de evitar la intromisión de los partidos políticos.
Además, se reducirá el número de miembros de la Suprema Corte de 11 a 9. La presidencia de la Corte rotará cada dos años según el porcentaje de votos obtenidos por cada juez. La duración de los cargos variará: 14 años para los más votados, 11 para los segundos, y 8 para los menos votados.
Los candidatos a magistrados y jueces federales deberán cumplir con requisitos específicos, como tener un título en Derecho con un promedio mínimo de 8, cinco años de experiencia en cargos relacionados, ensayos sobre temas relevantes y cinco cartas de recomendación.
Entre los cambios también se incluye la figura de los "jueces sin rostro" para enfrentar al crimen organizado, lo cual ha generado preocupación en algunos sectores, como Ana Paola Morales, manifestante y estudiante de relaciones internacionales, quien argumenta que esta medida viola el "derecho de saber quién te está juzgando y por qué cargos".
La reforma fue aprobada con 86 votos a favor y 41 en contra, tras una jornada caótica que incluyó la invasión del Senado por parte de funcionarios judiciales en huelga y estudiantes. Debido a los disturbios, las deliberaciones fueron trasladadas a la antigua sede del Senado en Ciudad de México, al igual que la Cámara de Diputados tuvo que aprobar la norma en un polideportivo la semana pasada debido al bloqueo de su edificio.
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