La industria textil nacional expresó su preocupación ante la rebaja de aranceles para la importación de indumentaria y calzado, medida anunciada la semana pasada por el Gobierno de Javier Milei. Según los representantes del sector, esta decisión podría poner en riesgo el empleo, la producción y el desarrollo de la industria local, por lo que solicitaron a las autoridades reconsiderar la medida.
La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por el anuncio de la reducción de aranceles. En el mismo, advirtieron que “sin una estrategia integral que fortalezca la competitividad sistémica de la industria local, esta medida podría afectar gravemente el empleo, la producción y el desarrollo de la cadena de valor textil en Argentina”.
La decisión en cuestión fue adoptada por el Ministerio de Economía, y contempla una reducción de los aranceles sobre la indumentaria y el calzado, del 35% al 20%; sobre las telas, del 26% al 18%; y sobre los hilados, del 18% al 12%, 14% y 16%, respectivamente.
El sector textil es un pilar clave de la economía nacional, empleando de manera directa a más de 540.000 personas. Es particularmente relevante en provincias como La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero, y tiene una fuerte presencia también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires y Tucumán. Sin embargo, en los últimos tiempos, la industria ha enfrentado un panorama complicado debido a la caída en las ventas, lo que ha llevado a una disminución en la actividad de las fábricas y el cierre de plantas y comercios, lo que a su vez ha generado una significativa pérdida de empleos.
Desde FITA señalaron que la industria actualmente opera con una baja utilización de su capacidad instalada y que, en el último año, ha perdido una considerable cantidad de puestos de trabajo. De hecho, uno de cada tres empleos perdidos en este período corresponde al sector textil.
Además, manifestaron su preocupación por la implementación de la rebaja arancelaria sin avances previos en reformas que faciliten una reducción de la presión fiscal, un mejor acceso al financiamiento y una optimización de la infraestructura logística. Resaltaron que, con una carga fiscal sobre el sector formal cercana al 50%, la competencia se vuelve prácticamente inviable.
En cuanto a la apertura comercial, indicaron que la experiencia internacional ha demostrado que una liberalización sin planificación adecuada puede debilitar en lugar de fortalecer a la industria local. En este sentido, enfatizaron que priorizar la reducción de aranceles sin antes aliviar los costos internos genera una competencia desigual que pone en peligro el tejido productivo nacional.
FITA aclaró que no está solicitando beneficios sectoriales, sino que propone trabajar en conjunto para mejorar la competitividad de la industria. Para ello, consideran fundamental igualar las condiciones frente a productos importados fabricados en países con menores cargas impositivas, leyes laborales más flexibles y mejor acceso al crédito.
Esta preocupación también fue planteada recientemente por la Unión Industrial Argentina (UIA), que alertó sobre la falta de una agenda de competitividad interna que acompañe los esfuerzos de integración comercial. La UIA ha propuesto, desde hace meses, avanzar hacia un proceso que nivelara las condiciones frente a las desigualdades generadas por lo que se conoce como el "costo argentino".
Por su parte, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) calificó la medida como un “industricidio”, advirtiendo que podría llevar a la destrucción de miles de empleos y al colapso de numerosas empresas del sector. También señalaron que la medida favorece una competencia desleal por parte de los productos importados, que llegan a precios bajos debido al tipo de cambio favorable y a los costos laborales e impositivos reducidos en los países asiáticos donde se producen.
En este contexto, FITA solicitó al Gobierno que reconsidere la rebaja de aranceles y se mostró dispuesta a colaborar en la elaboración de un plan de desarrollo que garantice condiciones equitativas y sostenibles tanto para la industria nacional como para los trabajadores del sector.
