La política de déficit cero, o mejor dicho, de superávit, continuará siendo el pilar fundamental de la gestión del gobierno de Javier Milei. Por esta razón, el presidente no está dispuesto a ceder ante los reclamos de algunos gobernadores provinciales de incrementar las partidas. Además, se mantendrá el plan de reducción de personal en las reparticiones estatales. No se renovarán los contratos que venzan y se pasará a retiro al personal en edad de jubilarse. También se eliminarán áreas cuyas funciones ya no sean necesarias. "El objetivo es eliminar todo gasto superfluo generado por el Estado", señaló un alto funcionario de la Casa Rosada.
Sin embargo, el gobierno de La Libertad Avanza no se limitará a recortes, ya que busca transformar radicalmente la Argentina según su ideología. En este sentido, según información exclusiva de Ámbito, por orden del presidente, los equipos técnicos están trabajando en "profundas reformas" que abarcan las áreas impositiva, previsional, laboral y penal, entre otras.
Reforma impositiva
En el ámbito tributario, el Poder Ejecutivo planea reducir la cantidad de impuestos a cinco o seis. La intención es tener el proyecto listo para que el presidente lo presente al Congreso durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias en marzo de 2025. El objetivo inicial es simplificar el sistema impositivo, aunque desde el oficialismo advierten que no se prevé una reducción significativa de la carga tributaria en un primer momento, ya que la prioridad es mantener el equilibrio fiscal.
Actualmente, existen 155 tipos de tributos en todo el país, según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), pero seis impuestos concentran el 83% de la recaudación tributaria total de Argentina (IVA, Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias, Ingresos Personales, Débitos y Créditos bancarios y Derechos de exportación). El Gobierno también considera que cada provincia debe definir su política tributaria. Aunque varias gobernaciones han aumentado los impuestos, la administración de Milei sostiene que el mercado se encargará de penalizar esta decisión, trasladando las actividades hacia las regiones con menores cargas fiscales.
Reforma previsional
Otra de las reformas clave que prepara el Gobierno para el próximo año es la modificación del régimen previsional, que incluirá, entre otros aspectos, la eliminación de los regímenes especiales. El análisis oficial sostiene que, si se suprimieran estos regímenes de privilegio, la jubilación mínima podría triplicarse. Actualmente, la jubilación mínima es de $259.600, pero con la reforma podría ascender a $778.800.
Varios sectores, como los trabajadores de la construcción, docentes, investigadores, del Poder Judicial y del Servicio Exterior, entre otros, tienen regímenes especiales que les permiten jubilarse con requisitos de edad y años de servicio más bajos. Según los últimos datos de la ANSES (junio de 2024), hay unas 250.000 prestaciones correspondientes a estos regímenes especiales, lo que representa el 3,4% de los beneficios contributivos, pero el 10,9% de las erogaciones, ya que sus haberes son considerablemente más altos que el promedio del régimen general. A mediados de este año, el haber promedio de los regímenes especiales era de $1.037.000, mientras que en el régimen general era de $298.000.
El Gobierno planea mantener el sistema de reparto, pero con la intención de fomentar el desarrollo de seguros privados de retiro. Para garantizar la sostenibilidad del sistema en el tiempo, es necesario aumentar el número de trabajadores en blanco. Actualmente, la relación de aportantes por jubilado es de 1,5 a 1, muy por debajo de los 3 trabajadores necesarios para asegurar la viabilidad a largo plazo del sistema. Por esta razón, la reforma previsional se presentará junto con una reforma laboral destinada a incentivar la formalización del empleo. Se estima que el trabajo informal representa casi el 30% de la fuerza laboral.
Internamente, en el oficialismo se reconoce que el Gobierno tuvo que moderar sus expectativas en cuanto a reformas gremiales para evitar un conflicto mayor con los sindicatos. Así, quedaron en el camino propuestas como la optatividad de las contribuciones o la democratización de los gremios. Sin embargo, se evalúa que después de lo que esperan sea una victoria en las elecciones de medio término, el Gobierno tendrá la fortaleza política suficiente para profundizar estas reformas.
Reforma penal y seguridad
Junto con la recuperación económica, la seguridad es otro tema central para la administración. Por ello, se están analizando cambios en las leyes para endurecer las penas, especialmente en casos de reincidencia. El Gobierno también considera que, además de cubrir las vacantes en los tribunales, los juicios orales serán fundamentales para agilizar los tiempos de la justicia. (Con información de Ámbito)
