El Tribunal de Juicios y Apelaciones dispuso la prisión preventiva de Pedro Báez y ordenó la inmediata detención y el traslado a la unidad penal del ex ministro condenado a seis años y medio de prisión por el desvío de fondos públicos para promocionar la figura de Sergio Urribarri como candidato presidencial en 2015.
Los jueces Julián Vergara y Elvio Garzón hicieron lugar al pedido efectuado por el Ministerio Público Fiscal y ordenaron la inmediata detención del ex ministro, en tanto que Carolina Castagno, mantuvo su postura y rechazó la prisión preventiva de Báez, aunque coincidió en que existe un riesgo de fuga.
La decisión se basó en la existencia de riesgos procesales, en virtud de que la condena de Báez ha sido confirmada por la Cámara de Casación Penal y que dispone de recursos económicos, vinculaciones políticas y partidarias y que ha desarrollado emprendimientos comerciales de importante magnitud. “Frente al escenario de tener que pasar un tiempo prolongado privado de la libertad, no resulta descabellado pensar que pueda fugarse”, aseguró el juez Garzón.
“No puedo no destacar que el doctor Ignacio Aramberry dijo que la Fiscalía aún sostiene que la sentencia de condena oportunamente dictada por este tribunal se encuentra firme, por lo tanto ejecutable. Pero el devenir de este proceso demuestra lo contrario”, marcó la magistrada Castagno apenas comenzó a leer los fundamentos de su voto. Más adelante sostuvo que la actividad defensiva de Báez no es comparable a la que desplegaron Urribarri y Aguilera. “No intentó postergar la audiencia de discusión de prisiones preventivas ni realizó denuncias insólitas en extrañas jurisdicciones”. De modo que sostuvo su opinión respecto de la discusión que ocurrió entre agosto y septiembre pasado, pese al fallo de Casación de los últimos días, que revirtió esa situación.
“La reciente resolución de Casación que los fiscales invocan como determinante sobre la preventiva de Urribarri y Aguilera, en relación a la preventiva de Báez, se ciñe al análisis sólo de Urribarri y Aguilera y no de Báez. Ello impone y habilita ingresar a la procedencia de la preventiva de Báez que interesa Fiscalía porque no fue objeto de revisión de Casación. Ello al efecto de sopesar si el riesgo que relevó Casación atento a Urribarri y Aguilera, y la medida cautelar que se impuso a ellos, se traslada a Báez. En esa tarea, he de ser consecuente con lo resuelto anteriormente”, remarcó Castagno.
La medida cautelar
La Fiscalía había solicitado la prisión preventiva para Pedro Ángel Báez, exministro de Comunicación y Cultura de Sergio Urribarri. El exfuncionario fue condenado en 2022 a seis años y medio de prisión en el marco de un megajuicio por corrupción. La medida cautelar se alinea con lo dispuesto recientemente por la Cámara de Casación Penal de Paraná para el exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, quienes están en prisión.
El pedido fue presentado el martes por la tarde-noche por los fiscales Ignacio Aramberry, Francisco Ramírez Montrull, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. Durante la audiencia, los fiscales argumentaron que existía un claro riesgo de fuga por parte de Báez, el cual, según ellos, se podría acreditar a través de diversas pruebas objetivas presentadas en la causa. Aramberry destacó que “los coencausados que se encuentran en la misma situación procesal que Báez ya están en prisión preventiva”, lo que considera un dato relevante que, en su opinión, respalda el riesgo de fuga del exministro.
Por su parte, la fiscal Yedro señaló que, además de la pena a la cual fue condenado Báez, es importante valorar sus características personales, como sus recursos técnicos, económicos y vínculos. Además, agregó que Báez tiene una causa pendiente por presunto enriquecimiento ilícito, en la que no ha podido justificar su patrimonio.
Ramírez Montrull remarcó el interés de la ciudadanía en que se condene a los culpables y no haya impunidad. En este sentido, subrayó que “la presunción de inocencia de Báez se fue desvirtuando , y resaltó que se debe priorizar el interés público para que la condena no quede como una simple declaración abstracta".
Los fiscales también señalaron la importancia de cumplir con los tratados internacionales contra la corrupción, los cuales obligan al Estado a garantizar que la pena, en este caso de cumplimiento efectivo, sea ejecutada. Según el fiscal Badano, esto es esencial para asegurar la sanción de delitos graves y evitar que queden impunes.
Este viernes, finalmente, la mayoría del Tribunal hizo lugar al pedido y dispuso la detención preventiva en la Unidad Penal de Paraná. (Con información de Página Política; diario Uno y Análisis)
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