El Gobierno Nacional intervendrá siete cooperativas eléctricas de todo el país, incluida la cooperativa de Gualeguaychú, por un reclamo económico de 325.000 millones de pesos.
Las veedurías en las entidades surgieron de una acción conjunta de Cammesa, la empresa responsable del sector eléctrico, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).
La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) ocupa un lugar central en el negocio de la energía eléctrica en Argentina, en un contexto donde se busca recomponer tarifas, que han experimentado aumentos de más de 300% desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, además de la eliminación de subsidios para sostener la política de déficit cero. Todo esto ocurre en medio de una tensión constante entre las autoridades y las grandes empresas del sector.
Este año, en medio de la disputa por deudas del Estado con empresas generadoras –que culminó con un bono para pagar una deuda de aproximadamente USD 1.200 millones– surgieron rumores sobre la posible desaparición de Cammesa. Hasta ahora, eso no ocurrió. Recientemente, se anunció un cambio en la cúpula de la secretaría de Energía: Eduardo Rodríguez Chirillo fue reemplazado por María Tettamanti. Esta movida fue interpretada como un indicio del ingreso del PRO de Mauricio Macri en un sector estratégico.
Cammesa, que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), anunció la intervención de siete cooperativas eléctricas y reclama una deuda total de $325.000 millones por energía despachada no cobrada. La medida se llevará a cabo en colaboración con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).
Las cooperativas señaladas son las de Villa Gessell, Las Flores, Olavarría, 9 de Julio y Tres Arroyos, todas de la provincia de Buenos Aires; además de la de Gualeguaychú, en Entre Ríos, y la de Río Grande, en Tierra del Fuego. Según cifras oficiales, estas siete acumulan una deuda de 53.000 millones de pesos. En breve, podrían sumarse más.
“Cammesa está luchando para que las tarifas sean justas, pero para eso todos tienen que pagar. No es justo que la gente pague, las cooperativas no y que el Estado deba cubrir eso con impuestos o emisión. Estas entidades no pagan, pero le siguen cobrando a la gente”, comentó Mario Cairella, vicepresidente ejecutivo del despachante nacional, en un diálogo con Infobae. Cairella ya ocupó ese cargo entre 2008 y 2009, durante el gobierno de Macri, y llegó a La Libertad Avanza como parte de los equipos técnicos de José Luis Espert. (Infobae)
