La vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, Blanca Osuna, expresó que el aval del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, "no es solo un tema de recortes salariales; es confirmar ajuste que oscila entre el 65 y el 70% y afecta diversos programas que dependen del Ministerio de Pettovello".
Para la diputada entrerriana, la decisión de la Cámara baja "deja muchas pistas. Los 160 votos a favor y 84 en contra, ha dejado al descubierto un problema grave sin resolver para lo que resta del año. Pero si bien la oposición no logró alcanzar los dos tercios necesarios para ratificar la vigencia de la ley, lo que le quedó al oficialismo de LLA más el Pro y algunos trasnochados es consolidar una minoría que va a condicionar al gobierno".
Además mencionó que a este ajuste, "se suman la quita del FONID y el congelamiento de recursos para Ciencia y Tecnología, infraestructura educativa, libros, materiales didácticos, Conectar Igualdad. Todo ello suma a una serie de decisiones que evidencian una clara falta de compromiso con el futuro de las nuevas generaciones".
Osuna, del bloque de Unión por la Patria, calificó esta acción como "un ataque directo a un sistema educativo ya deteriorado por el actual gobierno. La lucha por el financiamiento universitario continúa y la comunidad educativa no se rendirá. Queda claro que quienes respaldan estos recortes desconocen el valor que en la historia de nuestro país ha tenido la educación y su aporte a la formación profesional de millones de argentinos/as".
En este sentido, la Diputada destacó que este veto "marca el inicio de una nueva etapa que pone en jaque a nuestras universidades y, con ellas, el futuro de las y los jóvenes. Sin embargo, también impulsa nuevos debates y batallas para sostener la educación en Argentina. La comunidad educativa seguirá luchando para defender sus derechos. Esto recién comienza", remarcó.
Finalmente, Osuna denunció: "No podemos mirar para otro lado. Esta es una cuestión ética; quienes cedieron ante las presiones del ejecutivo están traicionando a los ciudadanos y ciudadanas que sueñan y tienen derecho a formarse en el sistema educativo público, gratuito y de calidad".
