Este miércoles, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el decreto firmado por el presidente Javier Milei que declara a Aerolíneas Argentinas S.A. "sujeta a privatización".
Esta decisión se enmarca dentro del artículo 9 de la Ley 23.696, conocida como Ley de Reforma del Estado. El oficialismo había anticipado esta medida la semana pasada, en respuesta a los paros que afectaron el servicio de la empresa estatal durante septiembre, lo que intensificó el debate sobre su viabilidad.
Decreto 873/2024: Aerolínea... by Elonce
El decreto 873/2024, que también cuenta con las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que "la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente".
Un análisis de la situación actual
En los considerandos del decreto, se expone que Aerolíneas Argentinas cuenta con una dotación de 1.107 pilotos de línea para 81 aeronaves activas, lo que representa una relación de aproximadamente 14 pilotos por cada avión operativo; "un número desproporcionado con relación a los estándares de la industria a nivel mundial".
Además, se argumenta que, "en virtud del déficit crónico", el Estado Nacional realizó "aportes del Tesoro que ascienden aproximadamente a 8 mil millones de dólares" desde la estatización de la empresa hasta la actualidad.
También se subraya la necesidad de redirigir recursos fiscales limitados. Ante los recientes índices de pobreza (52,9%) y de indigencia (18,1%) en la población, difundidos por el INDEC, el Estado "debe destinar los limitados recursos fiscales a atender las necesidades de los que menos tienen".
La decisión del Gobierno ha provocado reacciones mixtas en la sociedad. Por un lado, algunos sectores apoyan la privatización como una medida necesaria para mejorar la eficiencia y calidad del servicio. Por otro, hay quienes temen que la venta de la empresa pueda resultar en un aumento de tarifas y una disminución en la accesibilidad para los ciudadanos.
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