Cuatro exautoridades del Opus Dei fueron imputadas por la Justicia federal por el supuesto delito de reducción a la servidumbre y trata de personas. La imputación surge tras las acusaciones de 43 mujeres de origen humilde que afirman haber trabajado de manera gratuita durante años como empleadas domésticas en la institución católica.
Las denuncias detallan que estas mujeres, reclutadas engañadas cuando eran adolescentes, fueron prometidas una educación que nunca llegó a materializarse. En lugar de recibir formación académica, asistieron a escuelas de tareas domésticas vinculadas al Opus Dei, donde aprendieron a limpiar, cocinar y planchar. Según sus testimonios, su escolarización fue parcial o nula, y posteriormente se vieron obligadas a trabajar sin remuneración en los hogares de miembros de la organización y sus invitados, tanto en Argentina como en otros países.
La imputación, liderada por el fiscal Eduardo Taiano, incluye a Carlos Nannei, Patricio Olmos y Víctor Urrestarazu, quienes ocuparon la vicaría general de la institución en diferentes períodos, así como a Gabriel Dondo, exdirector de la rama femenina en Argentina. La querella ha solicitado que se incluya a Mariano Fazio, también exvicario general, aunque su nombre no aparece en la solicitud de indagatoria.
En respuesta a las acusaciones, el Opus Dei emitió un comunicado en el que niega rotundamente los cargos. “La impresión es que para construir esta denuncia se realiza una descontextualización completa de la formación que recibieron algunas de las mujeres del grupo y la vocación que eligen libremente las numerarias auxiliares del Opus Dei. Se trata de una acusación totalmente falsa”, sostiene el documento.
La controversia no es nueva; en 2021, Catalina María Donnelly, directora de la rama femenina del Opus Dei en Buenos Aires, expresó su tristeza por las denuncias y se mostró dispuesta a pedir perdón. Aun así, aseguró que, según sus registros, siempre se pagó a las numerarias auxiliares, aunque reconoció que pudo haber habido “informalidad” en la remuneración.
El pedido de indagatoria señala que estas mujeres pasaron gran parte de sus vidas en un ambiente laboral agotador y sin salario, en ocasiones incluso devolviendo una parte de las escasas remuneraciones recibidas. La investigación judicial, que se inició en 2022 en la Procuraduría contra la Trata de Personas de Argentina (Protex), continúa en curso mientras las denunciantes buscan justicia por sus vivencias y sufrimientos, consignó La Nación.
