La crisis que atraviesa Vicentin desde finales de 2019 sumó este sábado un nuevo capítulo dramático: el directorio decidió suspender toda actividad industrial y cerrar sus dos plantas en Ricardone y Avellaneda debido a la falta de recursos para pagar los sueldos y los contratos activos de fazón que permitieran mantener la operación.
En un comunicado emitido, la empresa informó que se vio "obligada a ordenar el cierre seguro de todas las plantas en operación". La decisión fue justificada como una "medida de protección de los activos" ante un escenario financiero insostenible y la falta de respuestas por parte de los inversores estratégicos.
El mensaje dejó claro que la empresa no cuenta con fondos ni perspectivas de mejorar la situación: la nómina salarial de marzo aún no ha sido abonada y no hay garantías de que se pueda cubrir en los plazos legales establecidos. Además, los contratos que Vicentin tenía para industrializar granos de terceros, su única fuente de ingresos desde que dejó de operar con mercadería propia, están actualmente paralizados.
La situación es crítica. Sin granos, sin ingresos y sin liquidez, la firma decidió detener todas las operaciones mientras intenta renegociar acuerdos. Esta semana, el juez del concurso había convocado a los principales inversores (ACA y Bunge-Viterra) para reactivar los contratos de fazón, pero la audiencia resultó un fracaso, ya que ninguno de los inversores se presentó.
Presión empresarial
La decisión fue interpretada en el sector agroindustrial como una maniobra de presión directa hacia los inversores estratégicos y la Justicia santafesina, que aún no homologó el acuerdo concursal alcanzado con más del 70% de los acreedores. Vicentin apuesta a que la paralización total de las plantas acelere las decisiones clave, y en caso de no lograrse una solución, la Corte Suprema de la Nación podría convertirse en el próximo escenario del expediente.
El freno de las operaciones ha dejado en una situación de incertidumbre a más de 1.000 empleados directos y a otros 3.000 puestos indirectos ligados a la cadena productiva. El gremio aceitero ya ha emitido una alerta máxima y advirtió que, si no se abona lo adeudado en los próximos días, podrían adoptarse medidas de fuerza de gran impacto en toda la industria.
Problemas adicionales
A esta situación se le suma una millonaria deuda con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, que podría provocar la interrupción del suministro eléctrico en una de las plantas. Según fuentes del sector, la empresa debe más de 400 millones de pesos por consumo eléctrico, lo que pone aún más en riesgo la continuidad de las operaciones, incluso si se resolvieran otros aspectos financieros.
Escalada judicial
La situación judicial también ha escalado. La semana pasada, la Justicia de Rosario dictó prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Están acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado de 600 millones de dólares. Las acusaciones incluyen falsificación de balances, simulación de operaciones y desvío sistemático de fondos, incluso después de que la empresa entrara en concurso.
La fiscalía sostiene que los imputados formaron parte de una red organizada que actuó de manera coordinada para perjudicar a acreedores, entidades financieras y socios estratégicos, creando una "estructura destinada a cometer delitos de manera sistemática" durante los años más críticos de la empresa.
Preocupación en la industria aceitera
El desenlace del caso Vicentin genera gran preocupación en la industria aceitera nacional. No solo está en juego la continuidad de una compañía histórica que representaba el 10% de la capacidad de molienda del país, sino también la estabilidad de uno de los sectores más dinámicos del complejo agroexportador argentino. (Con información de APF Digital)
