La jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, luego de recolectar una amplia variedad de elementos probatorios dictó el procesamiento del “patrón” y el “capataz” de un campo ubicado en Puerto Yeruá, por considerarlos coautores del delito de trata laboral agravado por haber mediado engaño de parte de aquellos, por haberse consumado la explotación, tratarse de más de tres víctimas y por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad social y económica en la que se encontraban cinco trabajadores rurales del norte argentino, y a su vez dictó el embargo sobre sus bienes por la suma de cinco millones de pesos.
En la causa se acreditó que las maniobras fueron ejecutadas por los coimputados, con la intención de sostener el acogimiento y así lograr la explotación de los trabajadores dentro del predio rural para obtener un provecho económico del producto de su trabajo mediante su reducción a una condición de servidumbre, de acuerdo a lo que se informó a Concordia Policiales.
Sobre el operativo por trata laboral
Vale recordar que la causa se había iniciado a raíz de una serie de operativos realizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con la colaboración de la Delegación Departamental de Trabajo de Concordia, del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos y del personal de la P.E.R., oportunidad en que encontraron serios indicios de explotación en un establecimiento dedicado a la forestación de árboles de eucaliptus. Esa situación generó que el organismo recaudador presentar la respectiva denuncia ante la Justicia.
En la resolución de la magistrada se indicó que, durante el procedimiento y relevamiento del personal, y a raíz de las medidas realizadas en la causa se detectó que los trabajadores realizaban extensas y extenuantes jornadas laborales, con salarios por debajo del mínimo, vital y móvil, además de no encontrarse registrados, y vivir en pésimas condiciones de seguridad e higiene.
La pesquisa apunta a que los trabajadores residían en condiciones de hacinamiento en el mismo lugar donde cumplían su labor, en precarias condiciones de salubridad e higiene, puntualmente, en chozas construidas por ellos mismos desprotegidos de las inclemencias del clima, con camas y colchones en mal estado, careciendo de un sector de cocina, energía eléctrica, gas, agua potable y baño donde hacer sus necesidades fisiológicas, debiendo higienizarse en lagunas.
Engaños y abuso de confianza
A la par, se corroboró que no contaban con servicios básicos indispensables, ni elementos de uso cotidiano y que las condiciones de seguridad eran prácticamente nulas. Las víctimas habrían sido captadas mediante propuestas de trabajos engañosas y abuso de confianza, para luego ser trasladadas desde su provincia de origen hasta el predio donde debieron trabajar y pernoctar.
El Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata de personas fue contundente al intervenir en la causa y señalar que los hechos vivenciados por las cinco víctimas a lo largo de su vida, sus carencias, su gran vulnerabilidad y los escasos recursos, habrían permitido la naturalización de las circunstancias en las que residían y trabajaban; todo lo cual habría facilitado la acepción de las propuestas de trabajo engañosas y ser sometidos a la explotación. (Fuente: Concordia Policiales)
