Declarará Brenda Agüero, la enfermera acusada de matar a 5 bebés y dejar en graves condiciones a otros 8 en el Hospital Neonatal de Córdoba, en un caso histórico definido como homicidio calificado y tentativa de homicidio, junto con otros 10 imputados más.
La enfermera está acusada de haber inyectado potasio y otras sustancias letales a los recién nacidos entre marzo y junio de 2022, lo que resultó en la muerte de cinco bebés y graves complicaciones en otros ocho. La acusación sostiene que Agüero se aprovechó de la posibilidad de tener contacto con los recién nacidos en el Hospital, sin necesidad de levantar sospechas.
La fiscal de Cámara Mercedes Balestrini describió el caso como de "terror infantil" debido a la vulnerabilidad de las víctimas y habló de una “ola de asesinatos” en la primera audiencia del juicio realizada ayer, donde todas las partes realizaron los alegatos iniciales.
Además de Brenda se encuentran imputados otras 10 personas que incluyen exfuncionarios del hospital y del Ministerio de Salud, quienes también enfrentan cargos relacionados con encubrimiento y omisión de deberes.
Entre ellos, se encuentran: Alicia Beatriz Ariza, ex jefa de Enfermería; Liliana Asís, ex directora del Hospital Materno Neonatal, Diego Cardozo, ex ministro de Salud; Pablo Miguel Carvajal, ex secretario de Salud; Julio Escudero Salama, ex subdirector de Gestión Administrativa del Neonatal; Marta Elena Gómez Flores, ex jefa de Neonatología; Alejandro Gabriel Gauto, ex jefe de Legales del Ministerio de Salud; María Alejandra Lujan, empleada que firmó las actas de defunción de los primeros tres bebés; Adriana Luisa Moralez, médica; y Claudia Ringelheim, ex vicedirectora del hospital.
Brenda Agüero, quien ha estado detenida desde agosto de 2022, se mostró angustiada y lloró frente a las cámaras en la primera jornada del juicio, mientras que familiares de los bebés víctimas del caso estuvieron presentes.
La fiscalía planea demostrar no sólo la culpabilidad de Agüero en las muertes, sino también su intento de asesinar a otros bebés que sobrevivieron. Este juicio no solo busca justicia para las víctimas, sino que también plantea interrogantes sobre la responsabilidad institucional en el ámbito sanitario.
Pruebas
Entre las pruebas más relevantes que comprometen a Agüero, se encuentran los resultados de las pericias médicas, que confirmaron la presencia de altas dosis de potasio e insulina que habría provocado la muerte de los bebés recién nacidos. Además, se presentaron archivos encontrados en el celular de Agüero que explican cómo inducir paradas cardíacas con potasio, así como tablas de dosificación que alertan sobre los riesgos asociados a su uso. Estas pruebas son consideradas por la fiscalía como indicios claros de la intención homicida de la enfermera.
Se espera que durante el día de hoy se presenten más testimonios que corroboren estas acusaciones y se discuta la responsabilidad de otros funcionarios del hospital y del Ministerio de Salud, investigados por su posible complicidad en estos hechos.
Defensa
El abogado defensor de Brenda Agüero, Gustavo Nievas, ha propuesto un "pacto" con el jurado, prometiendo demostrar diez puntos clave que respaldan su argumento de absolución de la enfermera. Entre estos puntos, Nievas argumenta que no todos los bebés fallecieron por las mismas causas y que algunos murieron debido a infecciones generalizadas o descuidos médicos, en lugar de inyecciones de sustancias letales como potasio realizadas por Agüero.
Nievas también señaló irregularidades en la investigación, alegando que hubo un "protocolo de ocultamiento" y que se manipularon pruebas para incriminar a su clienta. Afirmó que dos partidas de medicamentos desaparecieron y que el escenario del crimen fue desmantelado para ocultar las condiciones insalubres en las que se encontraba el hospital. Además, el defensor ha criticado el proceso judicial y la actuación del fiscal, sugiriendo una posible connivencia política en la acusación.
En su alegato inicial, Nievas enfatizó la importancia de demostrar estos puntos para lograr la absolución de Agüero. Su defensa se centra en cuestionar la narrativa presentada por la fiscalía, que sostiene que Agüero administró intencionalmente dosis letales a los recién nacidos para destacar en su trabajo. La estrategia de la defensa busca desvirtuar esta acusación al presentar evidencia de negligencia y falta de protocolos adecuados en el hospital cordobés.
Víctimas
Las familias de las víctimas llegaron al tribunal el día de ayer con camisetas que decían "Justicia por los bebés del Neonatal", expresando su dolor y pedido de justicia. Carlo Nayi, abogado de algunas de las familias, enfatizó que este juicio representa una "oportunidad histórica" para la justicia en Córdoba, describiendo los hechos como una "cadena de atrocidades" y calificando a Agüero como una "asesina" que actuó de manera serial al matar a los bebés.
Daniela Morales Leanza, otra de las querellantes, destacó la "tremenda violencia institucional" que enfrentaron las madres de los bebés fallecidos durante este proceso, sugiriendo que hubo un encubrimiento por parte de funcionarios del Ministerio de Salud de Córdoba.
Acusados
Los exfuncionarios son acusados de encubrimiento y omisión de deberes, lo que sugiere que pudieron haber tenido conocimiento de las irregularidades y no actuaron para prevenirlas. La fiscalía busca establecer una red de complicidad que va más allá de la enfermera Agüero, apuntando a una mala administración en la gestión del hospital.
Además, la acusación busca demostrar que existió una "maquinaria institucional" que pone en tela de juicio, no solo la conducta de Agüero, sino también la del personal administrativo y médico del hospital.
La defensa de Agüero sostuvo que existió un “protocolo de ocultamiento” ocultando la verdad sobre las muertes y las condiciones en las que se encontraba el Hospital.
La defensa de Agüero también vinculó al exgobernador Juan Schiaretti, quien llevaba adelante su campaña de candidato a presidente cuando ocurrieron las muertes. Los abogados insinuaron que, la influencia del contexto político del momento, afectaría aún más a los exfuncionarios por haber actuado con intereses políticos más amplios en el marco de la campaña política.
