Faltaban 7 minutos para las diez de la mañana del lunes 18 de julio de 1994, cuando en el barrio porteño de Balvanera, una Trafic blanca convertida en coche bomba estalló contra la entrada del edificio de la AMIA. La jornada que a partir de ese momento se convirtió en una de las fechas más negras de la historia argentina.
El ataque a la mutual judía dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.
Desde entonces, 30 años han pasado sin que la investigación judicial ni las acciones de los distintos gobiernos hayan arrojado resultados satisfactorios para los familiares de los 85 muertos y los 300 heridos, que provocó ese ataque terrorista.
En total, 77 víctimas estaban dentro de la sede de la mutual judía y otras 18 en la vereda o en edificios aledaños al momento del atentado, cuyos responsables siguen impunes.
Aunque la comunidad judía de la Argentina es la más numerosa de América latina y una de las principales del mundo, el atentado fue tomado por la colectividad, la Justicia y los gobiernos como un ataque a la sociedad argentina toda.
La iniciativa del gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner para acordar con Irán el interrogatorio en Teherán a los acusados terminó rodeada de polémica, rechazo, inconstitucionalidad y resultados nulos.
Ahora, el gobierno del presidente Javier Milei intenta implementar el juicio en ausencia para avanzar con el proceso que apunto a los iraníes.
El 17 de marzo de 1992, la comunidad judía ya había sido objeto de otro atentado, cuando una camioneta Ford F-100 explotó frente a las puertas de la Embajada de Israel, que entonces se ubicaba en el barrio porteño de Retiro, y como consecuencia de lo cual murieron 27 personas y más de 100 resultaron heridas.
Dos años después, la Asociación Mutual Israelita Argentina se encontraba organizando los preparativos para el festejo del primer centenario de su creación.
La organización había sido fundada grupos de inmigrantes judíos y tenía por objetivo brindar ayuda y asistencia a las personas de esa comunidad que planeaban radicarse en el país.
El viernes 15 de julio de 1994, tres días antes de la explosión, una Traffic blanca fue estacionada en la playa de estacionamiento Jet Parking, a tres cuadras de la sede de la mutual, ubicada en Pasteur 633 e inaugurada en 1945.
A las 9:53 del lunes 18, ese vehículo, cargado con 400 kilos de un explosivo de nitrato de amonio, TNT y nitroglicerina amonal, se estrelló contra el edificio de la calle Pasteur.
La explosión produjo un cráter de seis metros de profundidad y daños materiales por 15 millones de pesos/dólares, mientras que la onda expansiva dejó sin agua y sin luz a las manzanas vecinas y destruyó decenas de propiedades de la cuadra.
Desde ese momento, sin novedades judiciales a la vista, sobre el atentado a la AMIA se produjeron miles de artículos periodísticos y decenas de libros, ensayos y videos, así como
centenares de testimonios orales, expresiones artísticas, imágenes y actividades educativas.
Cada 18 de julio a las 9.53 en la reconstruida sede de Pasteur 633 se hace sonar la sirena que buscar fortalecer la memoria y redoblar el reclamo de justicia.
Un atentado que sigue impune
A 30 años del atentado contra la AMIA, la Justicia avanzó hasta identificar a Irán y al grupo Hezbollah como los responsables del atentado. También identificó a ex jerarcas del gobierno iraní y a colaboradores del Hezbollah que decidieron y ejecutaron el ataque. En los últimos meses, sumó a ellos los nombres de cuatro empresarios libaneses afincados en la Triple Frontera, acusados de facilitar el desplazamiento del grupo operativo que hizo el ataque. Pidió la detención internacional de todos ellos. Además, estableció la mecánica del ataque, su organización desde la embajada iraní en Buenos Aires, cómo fue armada la Trafic usada en su ejecución y el uso de un conductor suicida para concretarlo. Pero la mayor deuda con los familiares de las víctimas es que aún la Argentina no pudo capturar y juzgar a los responsables del atentado.
Hubo tres juicios orales. En el primero se absolvió a todos los acusados y se denunció el inmenso encubrimiento del Estado durante el menemismo, que montó una operación para castigar a falsos culpables. Hubo un segundo juicio contra los investigadores del atentado, donde absolvieron a Carlos Menem, pero condenaron a sus exfuncionarios y al exjuez que investigó el caso. Y hubo un tercer juicio contra Carlos Telleldín, el exmecánico, último tenedor de la Trafic que fue usada como bomba. Fue acusado de entregarla a los terroristas pero, a pesar de que estuvo diez años preso, lo absolvieron tres veces. Su caso está apelado en la Corte Suprema.
La causa AMIA puso en evidencia la capacidad de la política para alterar la investigación judicial y manipular la búsqueda de la verdad. También permitió iluminar operaciones ilegales de los servicios de inteligencia para entorpecer en lugar de esclarecer y visibilizó alineamientos geopolíticos que cambiaron con la alternancia de los diferentes gobiernos.
Tanto es así que la ex presidenta Cristina Kirchner espera un juicio oral, acusada de encubrir a los responsables del ataque a la AMIA con la firma del Pacto con Irán. Además, según la Justicia, el fiscal Alberto Nisman fue asesinado por realizar su trabajo para esclarecer el atentado. Las pistas apuntan a una guerra de los servicios de inteligencia detrás de ese crimen.
