El gobierno nacional está a punto de lanzar un decreto que iniciará un esquema de privatización de rutas en Argentina. El objetivo es transferir el mantenimiento de las mismas a concesionarios privados, una medida que busca mejorar la infraestructura vial, que actualmente presenta graves deficiencias.
En este contexto, el puente Victoria - Rosario se perfila como uno de los primeros proyectos que cambiará de concesionario, tras una prolongada historia marcada por controversias y extensiones de plazos.
Un cambio en la concesión del corredor 18
Según informó La Nación, Vialidad Nacional se prepara para iniciar el proceso de privatización, comenzando con el corredor vial 18, actualmente gestionado por la empresa Caminos del Río Uruguay (Crusa). Esta concesionaria se encarga de las rutas 12 y 14, además de la conexión vial entre Victoria y Rosario, que abarca la ruta nacional N°174, con una extensión de aproximadamente 60 kilómetros. La privatización, en este caso, será una readjudicación a través de una nueva licitación.
Desde 1990, la empresa Caminos del Río Uruguay ha tenido la concesión para mejorar y administrar este corredor vial, incluyendo la construcción del puente Victoria - Rosario, inaugurado en 2004. Se espera que en los próximos días el gobierno firme el decreto que convoque a licitación para la gestión del tramo.
El proceso de licitación
La licitación se llevará a cabo en dos etapas. La primera, que abarca el Tramo Oriental (que incluye las rutas de Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, además del puente Victoria - Rosario), se adjudicará en abril de 2025. La segunda etapa está prevista para después de mitad de año y abarcará otros 8.470 kilómetros de rutas, actualmente bajo la gestión de Corredores Viales SA.
Además del puente Rosario-Victoria, se relicitarán otras rutas importantes en la región, como la RN 9 (autopista Buenos Aires-Rosario-Córdoba), RN 34, RN 19 y RN 33 en la provincia de Santa Fe.
Controversias y denuncias
El contrato original de concesión del puente se firmó en 1990 y fue extendido en 1996, con un plazo original hasta 2018, al que se le dieron prórrogas que llegaron hasta abril de 2025. Esta situación generó críticas, en especial del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), que denunció incumplimientos y acusó a la empresa de corrupción, señalando que la prórroga del contrato fue irregular.
En 2023, Caminos del Río Uruguay entró en concurso preventivo, lo que dio lugar a más críticas sobre la gestión de la concesionaria. A pesar de los problemas financieros, la empresa defendió su gestión, señalando que los incumplimientos del Estado Nacional en la actualización de tarifas fueron la causa de su situación económica adversa, que dificultó el mantenimiento adecuado de las rutas.
Con la llegada del proceso de licitación, el futuro del puente Victoria - Rosario está en juego. El gobierno nacional considera prioritario el llamado a licitación para garantizar la mejora en la infraestructura vial y la gestión del corredor, que ha sido objeto de numerosas críticas durante los últimos años. En breve, se conocerá quién asumirá la responsabilidad de su mantenimiento y explotación.
