El juez Viri explicó: "He dictado auto de procesamiento con prisión preventiva, aunque aún cabe la posibilidad de apelación. En julio de este año recibimos un llamado anónimo al 145 indicando que en este lugar se estaban reclutando víctimas y cometiendo este tipo de delitos", según consignó Máxima Online. Además, agregó que "pudimos corroborar la denuncia a través de pruebas obtenidas de escuchas telefónicas y del allanamiento, incluyendo cuadernos con supuestas deudas de las víctimas por el dinero que se les exigía para su mantenimiento, así como la evidencia de violencia, amenazas y coerción que se pudo constatar".
Durante el allanamiento, se encontraban en el lugar tres personas además de la imputada, entre ellas un menor que vivía con una de las víctimas, quien se determinó estaba siendo obligada a ejercer la prostitución bajo amenazas.
"Logramos rescatar a la víctima y se la está asistiendo materialmente a ella y a su hijo, brindándoles contención psicológica en un lugar seguro. Las otras dos mujeres también están siendo evaluadas por un equipo de psicólogos para determinar su situación", afirmó Hernán Viri. Se confirmó que la víctima rescatada había estado en el lugar durante aproximadamente cuatro años.
En cuanto al modus operandi de la imputada, se descubrió que "ofrecía un refugio a mujeres en situaciones sentimentales difíciles y luego les cobraba alquiler, manutención y por rituales espiritistas, todo pagado mediante explotación sexual".
La víctima rescatada es de Gualeguaychú, mientras que la imputada cumple su condena en la Unidad Penal de Paraná.
Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay ratificó lo actuado y condenó a Raquel Murillo a ocho años de prisión efectiva y al pago de 38 millones de pesos como reparación integral a favor de la víctima.
Durante el juicio se demostró que Raquel Murillo obligó a la víctima a ejercer la prostitución mediante violencia verbal, amenazas y coerción, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
