Clarisa Sobko, integrante de un organismo de Derechos Humanos, afirmó: “Imaginate que en el Ejecutivo nacional, hay un lugar que se dedica a la investigación y búsqueda que desde HIJOS decimos los hermanos apropiados. Es toda aquella generación entre 1975 y 1983 que fueron apropiados en un plan sistematizado de robo de niños en el marco de la dictadura del terrorismo de Estado”.
“Este lugar tan importante y tan a la vanguardia en los países, lo tenemos en Argentina gracias a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, que logra ingresar a la Constitución Nacional el derecho de niño, de la identidad. Las Abuelas logra este lugar como tantas cosas ha logrado en el avance en la ciencia y el índice de abuelidad para sacar con los datos genéticos de una persona y de sus abuelos para saber si genéticamente si son de la misma familia. Todo eso ha logrado la lucha de los Derechos Humanos”.
“CoNaDi está en riesgo y viene siendo un movimiento que en el macrismo fue poner en duda los Derechos Humanos. Esto fue un poquito más allá. Estos quieren la verdad completa. ¿Cuál es la verdad completa? Cuando el robo de niños y la sustracción de la identidad, el ocultamiento, además de que asesinaron a sus padres, se quedaron con nuestros hermanos y hay un lugar que busca y tiene un lugar especial de investigación. Eso es lo que quieren desarticular. Quieren desarticular la cabeza de CoNaDi, que es Claudia Carlotto. La quieren sacar porque ella quiere la misma fuerza y lucha que su madre Estela y, además, quieren destituir esa función y otras cosas más”, agregó.
En la misma línea, trazó un paralelismo con el caso de la desaparición de Loan Peña: “Dejame unirlo con lo que está aconteciendo en Corrientes del robo de niños para quien sabe qué fines. Es una provincia que está hace muchísimos añoS está observada”.
“En este contexto nacional de ebullición, estamos hablando de la identidad de las personas y de la utilización de los cuerpos. En este contexto, el Gobierno nacional decide que en un área de tanta profesionalización se desarticule. Nosotros exigimos al Gobierno nacional que no solo no lo toque, sino que destine fondos para algo que va a servir para la trata de personas”, concluyó la idea
También hizo mención que en la provincia “que quiere desarticular el Registro Único de la Verdad y lo venimos diciendo. Lo sacan del lugar de dónde estaba, le ponen otra coordinación y deciden que cuatro trabajadores –uno de Derechos Humanos- que son gente formada de más de 10 años de trabajo está la carpeta del Ministerio para dar de baja sus contratos”.
