Por tres meses, el Gobierno entrerriano declaró el estado de Emergencia Ambiental en todo el territorio. La medida apunta a reforzar la lucha contra los incendios que se desatan en diversas zonas de la provincia. La norma, fijada por medio del decreto número 15 de 2025, fechado el 22 de enero, fundamenta que la medida permitirá realizar las contrataciones e implementar las acciones conducentes a una eficaz atención de las zonas afectadas por los fuegos y sus daños asociados.
El Gobierno de Entre Ríos trabaja desde hace un año de manera coordinada con organizaciones civiles, la Nación y provincias de Región Centro y Región Litoral a los efectos de combatir los incendios rurales. La Emergencia Ambiental se suma a esta estrategia del gobierno para la gestión de lo referente a incendios forestales.
Desde el área del plan de Manejo del Fuego dependiente de la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Desarrollo Económico se reportan incendios ocurridos recientemente en distintos departamentos de la provincia. A causa de una situación crítica motivada por las altas temperaturas y la falta de lluvia existe una alta predisposición del combustible a quemarse y generar incendios de magnitud difíciles de controlar, poniendo en riesgo la población civil y el tránsito sobre rutas.
También advierten desde el organismo sobre puntos de calor en zonas del centro norte, deltaica y aledañas al río Uruguay. Señalan a su vez, que es de esperarse que en los próximos dos meses continúen las condiciones meteorológicas desfavorables, manteniendo o incrementando los riesgos de incendios forestales.
Por todo esto, se estima imprescindible contar con los recursos, humanos, logísticos y materiales para el combate inicial de los posibles incendios antes de que se desarrollen y sean de proporciones difíciles de controlar.
Cabe recordar que se encuentran prohibidas todo tipo de quemas en el territorio provincial. El incumplimiento de esta medida implica multas y denuncias penales, puesto que conlleva un severo riesgo ambiental, como así también para la integridad de las personas y las propiedades públicas y privadas.
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