“Sin límites para persistir con el daño a los más débiles al punto de invalidar sus derechos, el gobierno nacional califica de imbéciles, idiotas, débiles mentales o retardados mentales a las personas con discapacidad en la nueva normativa para otorgar pensiones por invalidez laboral”, expresó la diputada de Más para Entre Ríos, Mariel Avila, al presentar en la Legislatura un proyecto que repudia esta decisión.
La iniciativa tiene como objeto expresar el repudio y la preocupación de la Cámara de Diputados ante la decisión del Gobierno Nacional, que a través de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), publicada en el Boletín Oficial, establece nuevos criterios de evaluación de invalidez para el otorgamiento de pensiones no contributivas, incorporando términos ofensivos y discriminatorios como "imbécil", "idiota", "débil mental" y "retraso mental".
“El uso de estos términos en normativas oficiales representa un retroceso inadmisible en materia de derechos humanos y políticas de inclusión. A lo largo de los años, la legislación argentina ha avanzado en la eliminación de expresiones peyorativas y discriminatorias, en consonancia con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país”, señaló Avila.
“En Entre Ríos, se han llevado a cabo diversas iniciativas gubernamentales junto a medios de comunicación y asociaciones civiles para promover el uso correcto y respetuoso del lenguaje al referirse a las personas con discapacidad. La reincorporación de términos estigmatizantes en normativas va en contra de estos avances y del compromiso asumido por la provincia y el país en la protección de los derechos de las personas con discapacidad”, indicó la legisladora provincial.
La Resolución 187/2025 afectaría a más de 40.000 personas en Entre Ríos, así como a sus familias y a las instituciones que les brindan acompañamiento y asistencia. La utilización de estos términos no sólo vulnera la dignidad de las personas con discapacidad, sino que también puede traducirse en una exclusión de sus derechos y en una regresión en el reconocimiento de sus posibilidades y necesidades.
La decisión adoptada por el Gobierno Nacional contraviene diversos tratados internacionales, leyes nacionales y principios básicos de no discriminación y respeto por la dignidad humana. Entre los instrumentos normativos afectados se encuentran la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, y la Ley Nacional N.º 26.378, que ratifica la adhesión de Argentina a dicha Convención.
Asimismo, se ven vulnerados los principios establecidos en la Ley Nacional N.º 22.431, de protección integral de las personas con discapacidad, y la Ley Nacional N.º 24.901, que establece el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad, indicó la diputada en un comunicado enviado a este medio.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos ha manifestado en reiteradas oportunidades su compromiso con la inclusión y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, el Presidente de la Cámara ha expresado su voluntad de avanzar en proyectos legislativos vinculados al bienestar de este sector de la población.
En ese marco, Avila solicita a la Cámara de Diputados la aprobación de la presente declaración, reafirmando el compromiso de la provincia de Entre Ríos con el respeto, la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad.
