

REDACCIÓN ELONCE
En un contexto donde la seguridad pública se convirtió en una preocupación creciente para muchos ciudadanos, en la Cámara de Diputados de Entre Ríos se discute un proyecto que propone modificar el Código Procesal Penal de la provincia. La iniciativa busca incorporar el concepto de "reiterancia delictiva", que establece que las personas con antecedentes penales y detenciones previas deberán esperar el juicio en situación de detención, es decir, sin posibilidad de seguir en libertad mientras se resuelven sus casos.
La propuesta no sólo busca enfrentar lo que se percibe como una "sensación de impunidad" ante la repetición de delitos, sino también introducir medidas más estrictas en el caso de la prisión domiciliaria, como el uso obligatorio de tobilleras electrónicas y controles rigurosos. Aunque la autora del proyecto, la diputada Carola Laner aseguró que la iniciativa tiene un enfoque disuasivo y no meramente punitivo, este proyecto genera un intenso debate en la sociedad. A nivel nacional, ya existen experiencias similares en provincias como Buenos Aires y Mendoza.
¿Hasta qué punto medidas como esta son efectivas para reducir la delincuencia, sin que se sacrifiquen derechos fundamentales? Y, ¿cómo garantizar que estas reformas no generen un efecto negativo en el sistema judicial y los derechos de los imputados? Estas preguntas podrían ser clave para el debate que se viene, ya que la iniciativa toca puntos sensibles en cuanto a la seguridad y las libertades individuales.
Rubén Pagliotto, abogado penalista, fue el invitado de este martes para el programa de El Ventilador, que se emite de 21:30 a 23:00 horas por Elonce.

“No estoy de acuerdo con ningún proyecto de reiterancia y mucho menos como sucede a nivel federal y nacional, donde se incorpora la figura del peligro de reiterancia. Es mucho más vago y difuso que la figura de la reiterancia. Veníamos de un derrotero histórico en la ciencia criminal, en el derecho penal argentino en lo que es la reincidencia”, indicó en primer lugar.
Luego explicó el significado del concepto de reincidente: “Es aquella persona que tenía una condena firme y la había cumplido y volvía a cometer un delito dentro de un determinado tiempo. Ahí se aplicaba la reincidencia. Por supuesto que la reincidencia permitía lo que se llama el cómputo o unificación de penas, que es otra cuestión que ha cambiado porque hay una suma aritmética. Se suman dos causas –un delito A y un delito B-. Hay una suma aritmética y se pierde lo que se llama la figura composicional, es decir, una pena de un delito de tres años, tora de seis y otra de seis, puede darte 12. Antes se componía: un delito de seis y de otro seis terminaba en siete y medio u ocho años”.
“Tenemos un derecho fundante del derecho penal liberal, que es connatural al Estado constitucional de derecho, a la república. Es sagrado, convencional y constitucional, consagrado como principio de inocencia. Sin hacer mucho biri biri técnico, es que una persona es inocente hasta que una sentencia firme, es decir, que sea insusceptible de alzamiento recursivo. En ese caso, adquiere firmeza y ahí la persona pierde, se rompe la presunción de inocencia”, valoró.
“Mientras tanto no haya una sentencia que adquiera firmeza, la ciudadana o el ciudadano, sobre todo de las democracias avanzadas, que han tenido ese avance civilizatorio y ese resguardo que protege los derechos humanos, sos inocente hasta que una sentencia adquiera firmeza y destruya esa presunción”, explicó.

También se hizo hincapié en las detenciones en las manifestaciones: “Me parece que en rigor, pueden suceder dos cosas que son altamente peligrosas: criminalizar la protesta y esta reiterancia daría lugar a que x persona que fue detenido en la protesta de hace un mes, ya generó el antecedente, es una causa que está abierta, pero sin sentencia en la reiterancia, que a diferencia de la reincidencia, no requiere sentencia firme. Basta con que estén abierta la causa y vuelva a la marcha dentro de 20 días y digan ‘a este tipo le gusta el despelote, es cabecilla’”.
Corina Beisel, por su lado, afirmó: “Esto conduce a la nada misma, es la charlatanería de los legisladores que no tienen idea de qué es lo que están hablando y qué están diciendo”.
“En los últimos 20 años, se ha incrementado el 42% la cantidad de prisiones preventivas y, sin embargo, el delito no ha bajado. Convengamos que estamos errando en el remedio porque el delito ha aumentado exponencialmente un 45%. El Estado tiene que buscar otras soluciones”, manifestó. En esa línea, resaltó: “Hay que buscar garantías para el imputado y para el que resulta víctima”.