El Gobierno nacional ha implementado modificaciones en la Ley Nacional de Turismo con el objetivo de fomentar la llegada de nuevas inversiones al sector. Los ajustes fueron oficializados con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 216/2025, el cual disolvió varios programas y ajustó las facultades y responsabilidades de la Secretaría de Turismo.
Una de las medidas más significativas fue la disolución del Comité Interministerial de Facilitación Turística, que previamente coordinaba las acciones administrativas entre las diversas entidades públicas relacionadas con el turismo. Sobre esta decisión, explicaron que "en particular, corresponde suprimir las responsabilidades vinculadas al desembolso de recursos para el incentivo al turismo y el Plan de Turismo Social y disolver el Programa Nacional de Inversiones Turísticas".
Eliminación del Programa Nacional de Inversiones Turísticas
Además de la disolución del comité, se eliminó el Programa Nacional de Inversiones Turísticas, que financiaba proyectos e inversiones de interés turístico a nivel nacional. Según el Ejecutivo, "las características de la actividad turística exigen que el Estado nacional organice los recursos que vincula a su desarrollo con capacidad para atender rápidamente a los cambios del mercado y a los nuevos entornos y desafíos que se planteen, a la vez que genere las condiciones para el desarrollo de las iniciativas e inversiones del sector privado sin interferencias que alteren las reglas de juego de los actores".
En este sentido, consideraron necesario "orientar y enfocar la organización pública vinculada a la actividad turística a la función esencial de promoción de la inversión en el sector y el fomento de su desarrollo".
El Gobierno también subrayó la importancia de abordar los desafíos turísticos con un enfoque federal. Destacaron que "es necesario atender con criterio federal las incumbencias locales y regionales en la materia, eliminando cualquier previsión normativa que a través de la asignación de responsabilidades a la autoridad nacional avance sobre las competencias de las jurisdicciones en la materia y sobre las iniciativas privadas de promoción de la actividad".
Por ello, se modificaron los deberes y facultades de la Secretaría de Turismo, la cual ahora se centrará en promover la inversión en el sector, coordinar la promoción turística a nivel nacional e internacional y planificar de forma federal. Entre las nuevas tareas, el decreto establece que la Secretaría deberá "coordinar, incentivar e impulsar las acciones para la promoción turística de nuestro país tanto a nivel interno como en el exterior".
Nuevas Facultades y Responsabilidades
El decreto también otorga nuevas facultades a la Secretaría de Turismo, permitiéndole gestionar acuerdos con provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promover incentivos para la inversión en turismo, y celebrar convenios con instituciones públicas y privadas. Una de las facultades destacadas es la de "diseñar y llevar a cabo campañas de marketing y promoción del turismo a nivel interno, utilizando los medios de comunicación gestionados por la Autoridad de Aplicación y/o aquellos que no generen ninguna erogación al Estado nacional".
Además, se instó a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a "adoptar medidas de fomento, desarrollo, investigación, promoción, difusión, preservación y control en la parte de su competencia, de la actividad turística en todo el territorio de la República Argentina, otorgando beneficios impositivos, tributarios y crediticios similares a los de la actividad industrial".
La decisión del Gobierno se encuentra en el marco de lo establecido por el decreto 70/23, que busca promover un sistema económico basado en decisiones libres, en un ámbito de libre concurrencia y con respeto a la propiedad privada, así como a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo.
El Ejecutivo aclaró que "no corresponde mantener aquellas asignaciones de responsabilidades que no hacen a las funciones del gobierno y que legitiman mecanismos de intermediación en la asignación de subsidios, que se persigue erradicar en orden a instaurar incentivos a la mejora de la productividad y la competitividad en los diversos sectores de la economía". (Con información de Infobae)
