REDACCIÓN ELONCE
El 23 de marzo marcará el fin de la moratoria previsional, una medida que permitió a miles de personas regularizar sus aportes y acceder a la jubilación. Esta herramienta, sancionada en 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, fue clave para aquellos que no alcanzaban los 30 años de aportes requeridos. Pero, ¿qué pasará con las personas que no completen el trámite antes de esa fecha? Según se informó, desde el próximo lunes, ya no podrán acceder a este régimen y sus opciones serán muy limitadas.
Una de las alternativas disponibles será la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación que no requiere aportes previos. Sin embargo, esta opción ofrece sólo el 80% de la jubilación mínima, mucho menos que una jubilación ordinaria. ¿Será suficiente esta opción para quienes esperaban regularizar su situación y acceder a una jubilación completa?
El sistema previsional argentino cuenta con más de 7 millones de jubilaciones y pensiones, de las cuales el 59,5% se obtuvieron a través de moratorias. Además, sólo el 25% de las personas que llegan a la edad jubilatoria tiene los 30 años de aportes completos, lo que hizo de la moratoria una herramienta fundamental para acceder al sistema. Pero, ¿cómo afectará el fin de esta medida a aquellos que no pudieron regularizar sus aportes? ¿Qué pasará con las personas que dependen de esta herramienta para poder jubilarse?
Griselda Ramírez de Carbó, abogada previsional, fue la invitada a El Ventilador, que se emite de 21:30 a 23:00 horas por Elonce.
“Quiero manifestar mi temor y rechazo a todos los hechos que el miércoles pasado vivimos en el país, sesgados por la violencia y por gente que nada tenía que ver con la marcha. Desde el año 1991 con Norma Plá, se institucionalizó frente al Congreso y que pacíficamente venían haciendo los jubilados y se vio manchada por estos actos de violencia, por la parte de la policía que los reprimió”, aseguró en primera instancia.
En la misma línea, consideró: “Hay preocupación por la cantidad de gente que queda sin poder acceder a la prestación jubilatoria, que por derecho le corresponde. Está consagrado en nuestra Constitución porque no reúne los 30 años de aporte y culmina esta moratoria”.
Con esta nueva normativa, la invitada explicó: “Una de cada diez mujeres se va a poder jubilar. Nueve van a quedar sin poder acceder a la prestación jubilatoria. En el caso de los hombres, dos de cada diez se van a poder jubilar. Ocho quedarán sin acceso a la prestación jubilatoria”.
“La mayoría de la gente me dice ‘trabaje mucha más cantidad de años de la que está en el SIPA’. Les pregunto si tienen recibo y me dicen que no. Entonces ANSES no los toma. En este momento, hay dos moratorias: la 24.476, que es de vieja data y permite regularizar años desde que cumplieron 18 hasta septiembre del año 1993. Esta moratoria, que requiere un socio económico no es para cualquiera es muy económica. Están pagando alrededor de 700 pesos por año. La que termina, la 27.705, es muy costosa y a la gente le cuesta”, agregó sobre las alternativas para acceder al beneficio.
Asimismo, la abogada remarcó algunas particularidades: “Aquellos que han trabajado 30 o más años se han visto perjudicados, pero es un tema político y de cálculo de haber previsional. No debería estar cobrando lo mismo aquel que aportó 30 años que aquel que se acogió a la moratoria y completó los años faltantes. Está muy baja la jubilación y, de hecho, no cobran lo mismo porque aquel que regularizó los años a través de la moratoria se le descuenta. Con la 24.476, el importe es barato. Pero con esta moratoria se le descuenta el valor del bono ($70.000)”.
“A esta gente que no tiene la edad jubilatoria todavía, se le puede aplicar las dos moratorias, con la 24.476 que por seis años pagan seis mil o siete mil pesos; y la 27.705, que el capítulo que sigue vigente con las UCAP. No cualquiera puede acceder a la UCAP porque cada año sale $327.219”, comunicó.
En relación a la Prestación Universal del Adulto Mayor (PUAM), explicó que esas personas que llegan a la edad mínima y no con los años de aportes “cobra el 80% de la jubilación mínima y tiene una contención respecto de la obra social”.
A raíz de esta problemática, enunció: “Tenemos que reformar la Constitución”. La jubilación “no tiene vigencia porque al Estado no le importa”.
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