El Gobierno está trabajando en un proyecto de ley que tiene como objetivo considerar a los barrabravas como organizaciones criminales. La propuesta contempla penas de entre dos y cuatro años de prisión para quienes transporten armas o comercialicen entradas de protocolo.
Actualmente, el proyecto se encuentra en revisión en el área de Legal y Técnica de la Presidencia. La normativa también pone énfasis en la responsabilidad de los organizadores de eventos deportivos, quienes deberán garantizar la seguridad en los estadios. Se prevé la penalización para aquellos que permitan el ingreso de armas o faciliten el acceso de personas con antecedentes penales.
El objetivo de la ley es castigar actividades ilegales como el transporte de armas, la reventa de entradas de protocolo y el control de estacionamientos por parte de "trapitos" en los alrededores de los estadios. Además, se buscará atacar las fuentes de financiamiento de las barras, que se sustentan en prácticas ilegales como extorsiones y amenazas.
Asimismo, los dirigentes deportivos que colaboren con las barrabravas, ya sea entregando entradas o manteniendo vínculos cómplices, estarán bajo investigación. En caso de ser hallados responsables, podrán enfrentarse a penas de hasta seis años de prisión.
Otra medida propuesta es la implementación de sanciones administrativas más estrictas, permitiendo a las autoridades prohibir el ingreso a los estadios de personas imputadas por delitos, incluso sin una sentencia definitiva.
El propósito central de esta ley es cerrar cualquier brecha legal que permita a las barrabravas actuar con impunidad. Con este enfoque, el Gobierno busca erradicar el control territorial y financiero que estas organizaciones ejercen dentro y fuera de los estadios, reafirmando una postura firme para recuperar la integridad del fútbol como espectáculo deportivo.
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