Sergio Urribarri, ex gobernador de Entre Ríos, está detenido en la cárcel de Paraná en el marco de la prisión preventiva ordenada por la Cámara de Casación Penal de Paraná por su condena de 8 años por la comisión de delitos en el seno de la administración pública.
Sus abogados defensores habían presentado un hábeas corpus para que el ex embajador de Israel y ex diputado provincial, recupere su libertad, pero el planteo fue rechazado este miércoles por la justicia entrerriana.
En una audiencia que se realizó pasadas las 15, la jueza Carola Bacaluzzo dio a conocer el rechazo del hábeas corpus planteado por la defensa de Sergio Urribarri, por entender que el planteo firmado por Fernando Burlando, Javier Baños y Leopoldo Cappa, no es una herramienta procesal idónea para este caso y tendrán que utilizar otro recurso legal con el objetivo de que el ex mandatario entrerriano condenado salga de la Unidad Penal Nº 1 de la capital entrerriana.
Bacaluzzo hizo hincapié en que el habeas corpus “es una acción que protege ante detenciones o arrestos ilegales. Esta acción no es procedente si la privación de la libertad es resuelta por los jueces naturales de la causa ya que no es una herramienta procesal idónea para realizar resoluciones judiciales que se han adoptado en el marco de un expediente que se encuentra en trámite y que incluso está en trámite ante otra instancia”.
Vale recordar que a este planteo de hábeas corpus, se plegó Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, cuya defensa en un principio había dejado trascender que no lo haría porque la vía para plantear el reproche es el Superior Tribunal de Justicia (STJ), como lo prevé el proceso. Pero finalmente el condenado a seis años lo hizo en tándem con su cuñado.
Sergio Urribarri fue sentenciado a ocho años de cárcel en 2022 por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Esta semana, la Cámara de Casación de Paraná había solicitado la inmediata detención por peligro de fuga y riesgos procesales.
Para los fiscales del caso, “quedaron comprobadas las facilidades que tienen los imputados para abandonar el país o permanecer ocultos: se trata de personas con recursos económicos, que además se encuentran íntimamente vinculados a personas que pueden ayudarlos económicamente, que tienen capacidad para trasladarse de un lugar a otro y vínculos en el extranjero”. (Con información de TN)
