El expresidente Alberto Fernández pidió en las últimas horas que la denuncia de su ex pareja Fabiola Yañez, por violencia y otros delitos, salga de los tribunales Comodoro Py y se traslade a la justicia federal de San Isidro, donde tramita la causa por la Fiesta de Olivos. Fuentes judiciales confirmaron que la nueva abogada del ex mandatario, Silvina Carreira, hizo una presentación por escrito ante el juez federal Julián Ercolini.
La causa por violencia estaba en manos del fiscal Carlos Rívolo, pero ayer decidió mandarla a sorteo y le volvió a tocar a Ercolini. De esa manera, el caso salió del juzgado federal 11, donde sigue tramitando la causa de los seguros, y a partir de ayer quedó en el juzgado 10, con la intervención de otro fiscal, Ramiro González. Sin embargo, el pedido de allanamiento en el departamento de Alberto Fernández lo firmó el fiscal Rívolo, que reemplazaba hasta la medianoche a su colega.
Durante el procedimiento, a cargo de la Policía Federal, se secuestraron 22 pendrives, dos teléfonos, un iPad y 2 memorias. “La orden era secuestrar todos los dispositivos”, dijo una fuente de la causa. Como rige el secreto de sumario, apenas trascendieron algunos detalles del operativo.
A partir de hoy, la investigación tramita en la fiscalía de González, que también fue el primer fiscal en la causa por la Fiesta de Olivos. En ese expediente imputó a Fernández, a Fabiola Yañez y el resto de los invitados por violar las normas contra el COVID-19. Pero luego el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente y mandó todo a la Cámara Federal de San Martín.
Si Fabiola Yañez decide declarar en las próximas horas, lo hará ante el fiscal González. Su estrategia jurídica ahora está en manos de la abogada Mariana Gallego, que llegó esta madrugada a Madrid (España).
La causa que conmovió al país comenzó con una serie de mensajes encontrados en el celular de María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, en el marco de la investigación por los seguros. En una de esas conversaciones, Yañez le relató a Cantero varios actos de violencia. También le mandó fotos.
La existencia de esos mensajes fue revelada el domingo pasado. Alberto Fernández se enteró que todo se iba a hacer público el sábado a la tarde. “Es el final de mi carrera”, le dijo a un interlocutor ese mismo día.
Tras la revelación periodística, Yañez y el ex presidente volvieron a comunicarse, según pudo saber este medio. Esas conversaciones, por momentos muy tensas, derivaron en la denuncia. El martes al mediodía (hora de Argentina), la ex primera dama tomó su teléfono y llamó al número fijo de la secretaria privada del juez Ercolini. Pidió hablar con el magistrado. “No aguanto más, quiero hacer la denuncia”, lanzó la ex primera dama apenas le contestó. Apenas diez minutos después, comenzó una audiencia por Zoom.
Además de confirmar los hechos de violencia, Yañez dio a entender que el ex presidente la había amenazado para que no haga la denuncia. Por ese motivo, el juez le ordenó a Fernández que no se comunique más por teléfono, ni por redes sociales. Y le prohibió la salida del país.
Anoche, ante la presentación del fiscal Rívolo, Ercolini ordenó el allanamiento en el departamento del ex presidente y el secuestro de los teléfonos, que ahora serán peritados como el resto de los aparatos. Ese material también podría dar un vuelco en la causa de los seguros.
Ahora, el juez deberá decidir si se declara incompetente. La nueva abogada de Alberto Fernández sostuvo en el escrito que el caso debería continuar en el fuero federal por su condición de ex presidente, pero fuera de Comodoro Py.
Todo indica que el caso terminará a cargo del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, de muy bajo perfil. Ese magistrado ya estuvo a cargo de la causa por la Fiesta de Olivos. En ese momento, el expediente también arrancó en Comodoro Py y luego pasó a la jurisdicción de la quinta de Olivos.
Pese a los reiterados intentos de sus abogados, Fernández nunca fue sobreseído por la “Fiesta en Olivos”. El único impedimento para que eso ocurra depende de la Corte Suprema, que todavía no contestó un recurso de queja de los padres de Solange Musse para ser aceptados como querellantes. El juez Mirabelli dijo varias veces que no tomará una decisión hasta que no estén firmes todos los recursos. (Infobae)
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