

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó los recursos presentados por los represores Jorge Humberto Appiani y Cosme Ignacio Marino Demonte, imputados en la denominada megacausa Área Paraná, y solo restan resolver planteos del médico Hugo Moyano antes de que el juez pueda fijar fecha para los alegatos en el juicio escrito bajo el cual se tramita el voluminoso expediente por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar.
El ex militar Appiani y el ex policía federal Demonte <b>habían presentado una serie de recursos de oposición a resoluciones tomadas por el juez federal Leandro Ríos relacionadas, en su mayoría, con la producción de la prueba: la denegatoria de más de un centenar de testigos y recusaciones contra el magistrado y los fiscales.</b>
Del mismo modo, los camaristas Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Daniel Alonso deben resolver ahora los planteos realizados en su momento por la defensa del médico Hugo Mario Moyano, también acusado de participar de sesiones de torturas en los centros clandestinos de detención de Paraná.
Los recursos habían sido presentados el año pasado, durante la etapa de declaraciones testimoniales de los familiares y víctimas de la represión ilegal. Si bien los represores pueden recurrir esta decisión, eso no impediría la realización de los alegatos.
<b>La causa, que concentra la mayoría de las denuncias de víctimas de la dictadura en la provincia, tiene a otros cuatro imputados: la carcelera Rosa Susana Bidinost y los ex militares Oscar Ramón Obaid, José Anselmo Appelhans y Alberto Rivas.</b>
La denominada megacausa Área Paraná concentra la mayoría de las denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar: se investigan secuestros y torturas contra 52 víctimas y 5 desapariciones forzadas de personas (Claudio Fink, Victorio Coco Erbetta, Carlos Fernández, Juan Alberto Osuna y Pedro Sobko); y los verdugos son militares, policías federales y provinciales, agentes penitenciarios y un médico.
Las investigaciones se inició primero en los tribunales militares, pero ante la falta de resultados, en 1987, la Cámara Federal de Apelaciones asumió el conocimiento del proceso. Ante la inminencia del vencimiento del plazo fijado por la ley de punto final, el tribunal citó a declarar a un grupo de militares y policías con distinto grado de responsabilidad en la represión ilegal. Sin embargo, las indagatorias quedaron sin efecto por la sanción de la ley de obediencia debida.
Así hasta que en 2003 el fiscal general Ricardo Álvarez pidió el desarchivo de la causa y en mayo de 2004, la jueza federal ad hoc Myriam Galizzi ratificó la validez de la ley que consideró “insanablemente nulas” a la obediencia debida y el punto final, y declaró la inconstitucionalidad de los indultos de Carlos Menem, abriendo el camino para la reapertura de las causas.
En estos años el expediente ha tenido un camino sinuoso. Primero hubo una larga discusión jurídica respecto de cómo se sustanciaría el proceso, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación zanjó a favor de los represores, al permitirles escoger por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, de 1888, que prevé actuaciones escritas. Pero eso que en un principio permitió destrabar el proceso judicial e hizo que entre 2009 y 2011 sean detenidos, indagados y procesados los militares, policías, agentes penitenciarios y civiles, fue luego la herramienta de la cual se valieron los acusados para embarrar la causa mediante una sucesión de chicanas dilatorias. (El Diario)