Tal como había anticipado Lucia Masneri, secretaria de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, los presos de "alto perfil" de las cárceles ya comenzaron a utilizar un uniforme naranja para distinguirlos del resto de la población carcelaria.
El cambio de vestimenta fue incluido en la nueva ley de Ejecución de la Pena, aprobada en diciembre del año pasado por la Legislatura provincial, que rige desde comienzos de 2024.
“Es un estricto protocolo de ordenación y visibilidad. El color naranja es para el egreso de los internos de sus espacios. Es una medida de seguridad, además aún no tenemos nuestra unidad de presos de alto perfil. Hay 60 presos afectados, son los de Nivel 1 de peligrosidad”, había explicado Masneri.
A los uniformes naranjas ya los usan 60 internos que pertenecían a bandas narco y son "aquellos que intentan liderar desde adentro a las bandas narco criminales de la ciudad de Rosario y de Santa Fe".
El nuevo equipo es obligatorio, ratificó Masneri, y expresó que “si el interno no lo quiere usar y su vida no depende de esa salida, no sale del pabellón, no accederá a la actividad a la que iba a acceder. Es una regla: se sale con el uniforme o no se sale. Los internos no recibirán visitas, ni participarán de audiencias virtuales o presenciales, ni de consultas médicas sin estos uniformes ".
Confirmó que el color naranja se eligió porque no forma parte de los uniformes de las fuerzas de seguridad. “No podríamos haber pensado en gris, negro, celeste o verde que son representativos de nuestras fuerzas. El naranja favorece la identificación de los internos para controlar cualquier circulación no permitida o un intento de fuga".
Ante la consulta sobre planteos realizados por organismos de Derechos Humanos que cuestionaron esta modalidad de identificación, Masneri defendió el criterio aplicado por la provincia que, además, quedó plasmado en la ley sancionada por el Poder Legislativo. "Me gustaría conocer la normativa en la cual hacen dicho reclamo, porque hasta las normas de Mandela (en alusión al conjunto de reglas adoptadas por Naciones Unidas) permiten categorizar a los internos, más allá de que nuestra ley lo prevé explícitamente y no solo apunta a la reintegración sino a la seguridad", dijo.
Asimismo, se supo que la rotura intencional del uniforme constituirá "un delito, una falta" y tendrá una "consecuencia económica". Y explicó: "Es lo mismo que romper una reja o una pared".
